‘Caso Gürtel’: de escándalo político a escándalo judicial

La Justicia se juega su crédito a cuenta del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Este órgano, creado en 1977 para enjuiciar fundamentalmente los delitos de terrorismo, se afana ahora en escándalos de corrupción política y económica.

Tres de los seis jueces instructores y seis de los 20 magistrados encargados de juzgar los casos en la Audiencia han ocupado cargos en la administración con distintos gobiernos o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial avalados por los partidos políticos.

Ese viaje de idea y vuelta que la Ley permite provoca que acusados y acusadores cuestionen la apariencia de imparcialidad en determinados procesos.

El desenlace final del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, dependerá de un tribunal cuya apariencia de imparcialidad está por los suelos. Tres acusaciones recusarán a los magistrados que integran ese órgano: Concepción Espejel (exvocal del Poder Judicial con el aval del PP), Enrique López (exmagistrado del Constitucional designado por el Gobierno del PP), y Julio de Diego. Este último fue ponente de un auto que libró al extesorero del PP Luis Bárcenas, de declarar en febrero de 2013 ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez.

El ponente de la sentencia será López. Este magistrado tocó el cielo judicial al ingresar en el Constitucional gracias al Gobierno del PP. Un percance de madrugada —conducía su moto borracho y se saltó un semáforo en rojo— le obligó a dejar su cargo y regresar a la Audiencia, donde ahora juzgará el escándalo de corrupción que acorrala al PP y al Gobierno que tanto le ayudó.

Hay 45 imputados, entre ellos tres extesoreros del PP y una decena de altos cargos de este partido, que deberá responder como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos. López colaboró activamente con FAES, la fundación principal del PP e intervino como invitado en una de las conferencias políticas del partido.

Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura considera que no hay motivos para la recusación de López y defiende su “actuación profesional”. “La ciudadanía puede estar tranquila porque los jueces están habituados, sean cuales sean las circunstancias, a tomar sus decisiones con independencia y criterios legales”. Otros juristas dudan.

“El juez no sólo debe ser imparcial sino, además, parecerlo. No creo que López o Espejel vayan a actuar de manera parcial, pero ese no es el problema. El problema es la quiebra de la apariencia de imparcialidad”, señala Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia. “Es necesario reformar la Ley. porque no permite ir a interpretaciones extensivas. Ahora se rechazan la mayoría de imputaciones”.

Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Baltasar Garzón en el proceso por las escuchas en la cárcel a los abogados de la red Gürtel, recusó a cinco magistrados del Supremo que iban a juzgar el caso por participar en la fase de instrucción y obligó a cambiar todo el tribunal. “Se debería reformar la Ley para que los jueces que hayan ocupado cargos institucionales a propuesta de un partido que está en el Gobierno se tuvieran que abstener en procesos en los que estén implicados los partidos”, señala.

Margarita Robles, magistrada del Supremo, exsecretaria de Estado de Seguridad en un Gobierno socialista, y exvocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE, diferencia entre jueces que han desempeñado cargos en la administración y los que han formado parte del Consejo del Poder Judicial: “El Gobierno del PP nombró a Enrique López magistrado del Constitucional y juzgará el caso Gürtel, que afecta de lleno al PP. Si la apariencia objetiva de imparcialidad se viera afectada, entonces te debes abstener, aunque vayas a aplicar la Ley de manera imparcial”.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio Sánchez Yllera ocupó cargos de confianza en dos gobiernos socialistas. Por esa razón, pidió abstenerse en la causa abierta contra el PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. “Las apariencias son muy importantes porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos”, alegó. Pero la Audiencia lo rechazó porque “la naturaleza de los cargos que desempeñó [Sánchez Yllera] ninguna relación guarda con el contenido del proceso”.

El PSOE pide al magistrado Enrique López que se abstenga bajo amenaza de recusarle. “Esa recusación no se fundamenta en que haya ocupado cargos institucionales a propuesta del PP sino por su vinculación con este partido, que excede la relacionada con su nombramiento para dichos cargos. Quizás habría que revisar las causas de abstención y recusación contempladas en la Ley para reforzar esa garantía procesal del derecho a un juez imparcial”, señala Antonio Hernando, portavoz socialista.

Su homólogo del PP, Rafael Hernando, no lo ve necesario: “La independencia de los jueces está garantizada por el Consejo del Poder Judicial, por la Constitución, por su estatuto y por su régimen de incompatibilidades”.