Así están transformando los nuevos partidos al PP y al PSOE
Los socialistas de Castilla-La Mancha asumen la dación en pago retroactiva Cifuentes acepta las primarias para candidatos y la limitación de mandatos
Las condiciones de Podemos y Ciudadanos para apoyar las investiduras de Emiliano García-Page (PSOE), en Castilla-La Mancha, y de Cristina Cifuentes (PP), en Madrid, han sido tan extensas y concretas que han terminado por redibujar los programas de los dos partidos mayoritarios. Los socialistas castellanomanchegos han aceptado la dación en pago retroactiva o que los diputados publiquen una declaración mensual de gastos. El PP de Cifuentes terminó por asumir las primarias o la limitación a ocho años del mandato de los consejeros.
“Somos conscientes de que más que un pacto de investidura parece que hemos acordado un pacto de Gobierno”, asegura Francis Gil Fuentes, secretario político de Podemos en Castilla-La Mancha y miembro de la comisión negociadora con el PSOE. Los dos diputados del partido de Pablo Iglesias han dado la presidencia de Castila-La Mancha al socialista Emiliano García-Page a cambio de un acuerdo de 13 medidas programáticas con plazos exactos de ejecución y en muchos casos presupuestadas. Los socialistas han asegurado que las propuestas de la formación de Iglesias no les parecieron “extravagantes” y que son “coherentes” con lo que ellos han venido defendiendo en la oposición. Pero un repaso a su programa electoral revela que Podemos ha forzado la asunción de compromisos que van más lejos que sus planteamientos.
El más llamativo es la dación en pago retroactiva, esto es, que con la entrega de la vivienda afectada por un impago se pueda saldar la deuda, también para quienes ya hubieran sido desahuciados con anterioridad a la aprobación de la medida. El PSOE llevaba en su programa el compromiso de que la Administración intermediaría para ofrecer a los afectados por un desahucio una alternativa de alquiler social o que la entidad financiera planteara un plan de reestructuración de la deuda. Pero en el acuerdo con Podemos se establece la aprobación de una ley de sobreendeudamiento “con la que hacer efectiva la dación en pago o bien las quitas de las deudas hipotecarias en caso de endeudamiento”, dice el documento del pacto. La norma regional tendrá que estar lista en noviembre de este año, si bien el pacto reconoce que esa ley autonómica podría chocar con la normativa estatal, por lo que acuerda instar al Gobierno a “remover los obstáculos” para que pueda llevarse a efecto.
Ingresos y gastos
El PSOE ha asumido, además, una mayor fiscalización de los ingresos y gastos de los cargos públicos. Los socialistas proponían en su programa que estos pidieran inspecciones voluntarias a Hacienda cada dos años, y Podemos ha añadido que deberán presentar además sus declaraciones de gastos mensuales. Asimismo, la dedicación exclusiva del presidente o presidenta que planteaba el PSOE se extenderá a todos los diputados regionales.
Cristina Cifuentes, por su parte, será presidenta después de acordar 82 puntos con Ciudadanos, entre ellos algunas propuestas que generaban especial rechazo en los sectores más conservadores del PP, acostumbrado a gobernar Madrid con mayoría absoluta desde 1995. La limitación a ocho años del tiempo que se puede ser consejero autonómico es de las más significativas. Cifuentes ha tenido aquí más problemas porque en el PP ha sido habitual ver cómo los cargos más próximos a la expresidenta regional y presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, enlazaban una consejería con otra. El PP también elegirá por primarias a los candidatos.
Cifuentes se ha comprometido también a reforzar la atención primaria sanitaria con 30 millones de euros. En educación, además de que se respete que la educación concertada sea gratuita, Ignacio Aguado, líder regional de Ciudadanos, acordó con la futura presidenta que contrate a 500 nuevos profesores de secundaria en la legislatura. “No renuncia a su programa, pero sí incluye cosas nuevas”, observó Aguado.
Las ‘enmiendas’ de Cifuentes al Gobierno de su antecesor
El distanciamiento de Cristina Cifuentes con algunas de las decisiones más polémicas de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González ha quedado patente en los compromisos con Ciudadanos. El desmarque con las políticas de sus predecesores —que continúan siendo, respectivamente, presidenta y secretario general del PP de Madrid— no ha podido ser más contundente en tres frentes: privatización de la sanidad, venta de vivienda pública a fondos de inversión y apertura de comedores escolares en verano.
La futura presidenta de Madrid ha adquirido el compromiso de no vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro. Su postura es una enmienda a la gestión de González: la Comunidad vendió 2.935 pisos del Instituto de la Vivienda (Ivima) en agosto de 2013 al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora. El Ejecutivo de González enajenó 32 promociones del Plan Joven por 201 millones de euros, un 20% más que el precio de salida (168,9 millones). El PSOE interpuso una querella por malversación y prevaricación continuadas. El juez imputó a la gerente del Ivima.
Cifuentes también se comprometió en la campaña electoral a no retomar la privatización de la gestión de seis hospitales de la red pública madrileña y de 10 centros de salud. González aparcó en enero de 2014 el mayor plan de privatización de la gestión de la sanidad pública jamás diseñado en España, tras 15 meses de mareas blancas.
La candidata del PP coincide con la oposición en abrir los comedores escolares, que son competencia municipal, una vez finalizado el curso. González rechaza que haya un problema de malnutrición infantil.
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