El ‘número dos’ de Correa: “Este juicio lo vamos a ganar”

Los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, han vuelto este jueves al banquillo por las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. El juicio se inició el 31 de marzo y fue suspendido por el Tribunal Superior valenciano en la segunda jornada para que las partes pudieran examinar toda la documentación del caso. Las defensas han vuelto a pedir este jueves una nueva suspensión. Los jueces decidirán mañana.

A la salida del tribunal tras la conclusión de la sesión, el considerado por la fiscalía como número dos de la red, Pablo Crespo, ha afirmado que la policía y el ministerio público "han dispuesto de documentación desde hace siete años" que a los acusados no se les ha permitido consultar hasta hace poco. Y ha reclamado más tiempo para estudiarla. "Tenemos las pruebas necesarias para desmontar las acusaciones. Este juicio lo vamos a ganar porque aquello de lo que se nos está acusando es absolutamente falso", ha agregado Crespo.

El abogado de Correa ha alegado que durante el procedimiento se ha producido un "pisoteo constante de los derechos fundamentales" de su cliente y un "vicio de principio", por lo que ha solicitado la nulidad del caso. El que fue letrado de Correa en Valencia en los últimos años renunció hace unas semanas a su defensa, y hoy le ha asistido uno nuevo. También ha advertido de una supuesta violación de derechos la defensa de Mónica Magariños, empleada de las empresas de Correa. En este caso se trata de una abogada del turno de oficio que ha alegado que se ha hecho cargo de la defensa hace una semana, y no ha tenido tiempo para instruirse al respecto.

Junto a Correa, Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y empleados de sus empresas se sientan en el banquillo dos exconsejeras de la Generalitat en la etapa del expresidente Francisco Camps, Angélica Such y Milagrosa Martínez, que también presidió las Cortes Valencianas y sigue siendo alcaldesa en funciones de Novelda, y varios técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo.

A su llegada al tribunal, Pablo Crespo ha negado que sus empresas hicieran regalos a políticos, y ha afirmado que si ganaban convocatorias públicas era porque eran "los mejores". La expresidenta de las Cortes Valencianas ha afirmado que confía "plenamente en la justicia", mientras que Álvaro Pérez ha señalado que se siente "inocente".

La Fiscalía y la acusación particular que ejercen los socialistas atribuyen a los acusados los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

A lo largo de la causa, los acusados han negado las acusaciones y han tratado de convertirla en un proceso político que había orquestado el ex secretario general socialista y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. También pidieron la recusación de uno de los jueces que integran el tribunal, Juan Climent, por haber formado parte a principios de los años ochenta del Gobierno autonómico que presidió Joan Lerma, del PSPV-PSOE. Una solicitud que los magistrados consideraron infundada.

El Tribunal Superior valenciano atendió en el primer arranque del juicio la petición de las defensas de varios de los acusados, que advirtieron de que existía documentación en la parte original del caso, instruida en la Audiencia Nacional, que podía afectar a sus clientes y a la que no habían tenido acceso mientras que la Fiscalía Anticorrupción sí que había podido hacerlo. Los letrados pidieron tiempo para estudiar la documentación, afirmando que de lo contrario se produciría "una quiebra del principio de igualdad". Los jueces aceptaron posponer el juicio dos meses. Las defensas han reiterado este jueves los mismos argumentados, y han lamentado que a pesar del largo paréntesis hasta hace unos días no han tenido acceso a la documentación debido a la lentitud de la justicia.

La fiscalía contestará este viernes a las alegaciones de los acusados, y después probablemente los jueces decidirán si suspenden nuevamente las sesiones o llevan hasta el final el primer juicio a la trama.