Griñán defiende su inocencia con documentos que no tiene el Supremo

El ex presidente andaluz José Antonio Griñán, investigado en el Supremo por el fraude de los ERE, defiende su inocencia con documentos oficiales sobre los presupuestos autonómicos que aún no tiene el Tribunal. Esa documentación fue solicitada por la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso en Sevilla, y se incorporó a la causa como anexo XXI aunque no se facilitó copia a las partes. En la parte del sumario remitida al Supremo no figura tampoco esa documentación. Por eso el expresidente y senador José Antonio Griñán solicita ahora al magistrado Jorge Alberto Barreiro que reclame esas pruebas al juzgado de Alaya porque cree que le permiten demostrar su inocencia.

El abogado de Griñan, José Maria Mohedano, sostiene que la documentación es crucial para demostrar que el Parlamento andaluz aprobó entre 2003 y 2010 leyes de presupuestos regionales donde se incluían las partidas destinadas a las ayudas sociolaborales y se detallaba el mecanismo por el que se transfería el dinero. Eso permitiría contrarrestar el último informe solicitado por el instructor del Supremo a los peritos de la Intervención General del Estado donde cuestionaban la legalidad de las transferencias de financiación para ayudas sociolaborales y se afirmaba que el Parlamento andaluz "fue inducido a error" cuando aprobó cada presupuesto: "La documentación remitida al Parlamento utilizó una terminología críptica, ambigua e incluso equívoca, de manera que nunca señaló claramente, ni mucho menos explicó, el verdadero sistema de concesión de subvenciones sociolaborales",

En el escrito del abogado de Griñán se transcriben párrafos enteros de las memorias presupuestarias para demostrar que el parlamento andaluz aprobó las cuentas "con constancia expresa del destino que se daba al dinero" y no mediante una "terminología críptica, ambigua e incluso equívoca", como señalan los peritos de la Intervención General del Estado.

Griñan también ha cuestionado que el instrumento de la transferencia de financiación, como sostiene la juez Alaya y los peritos de la Intervención del Estado, facilitara el fraude al no permitír la fiscalización previa del gasto. El expresidente andaluz ha solicitado al magistrado Barreiro que incorpore a la causa otros informes oficiales donde se demostraría que la Intervención andaluza si fiscalizó "los diversos documentos contables para la efectiva utilización de la partida presupuestaria y su aplicación a los fines indicados en cada expediente".

Griñán fue nombrado consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía en 2004, cuatro años después de que se iniciase el plan de ayudas sociolaborales, por lo que en la causa abierta por los ERE no se le puede atribuir la creación del instrumento que, según la juez de Sevilla, facilitó el fraude. El magistrado Alberto Jorge Barreiro investiga si Griñán conoció como consejero de Hacienda que había informes de la Intervención General de la Junta donde se criticaba por "inadecuado" el instrumento utilizado para conceder las ayudas por la falta del control sobre el gasto.

El autor de esos informes ha declarado que remitió la documentación a la viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que habló de su contenido con ella en varios ocasiones y que supone, aunque no le consta, que Griñán también los recibió. Martínez Aguayo, imputada en la causa, ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nunca trasladó esos informes a Griñán, por lo que difícilmente el entonces consejero de Hacienda pudo tomar decisiones sobre los mismos.El propio Griñán se lo ha explicado en esos términos al magistrado Barreiro, aunque éste no le cree: "Lo que cuenta no es coherente con la experiencia", le dijo durante el interrogatorio en el Supremo.

El abogado de Griñán planea solicitar también la declaración de Martínez Aguayo ante el magistrado Barreiro como prueba de que el expresidente andaluz no pudo prevaricar por omisión pues al ignorar el informe del interventor que denunciaba la falta de control sobre las ayudas sociolaborales no pudo actuar para corregir las supuestas irregularidades.