La tapadera

“Todo el mundo lo sabe, nada ha sido sencillo, creo que no hay casi nada que no nos haya pasado, aunque no sé si retirar esta afirmación porque cualquier cosa puede suceder en el futuro”, declaró Mariano Rajoy en Alicante el pasado domingo, sin hacer referencia al innombrable, Rodrigo Rato. Por tanto, a la luz de los pagos a Federico Trillo y a Vicente Martínez Pujalte, ha acertado: tiene que retirar su afirmación.

 Ambos tienen una coartada similar. Han declarado al Congreso tener un bufete y una sociedad, respectivamente. Con esto creen haber cumplido con sus obligaciones. No han engañado a nadie.

Pero no es tan sencillo. Porque a través de su bufete y sociedad no declaran al Congreso exhaustivamente el detalle de lo que hacen con cada uno de sus clientes. Y los asesoramientos verbales son una forma creativa de presentar su contratación a sueldo de las empresas.

Vivimos en un sistema económico que tiene nombre: capitalismo. ¿Para qué va a pagar una empresa a un diputado o a un senador? ¿Para escuchar sus inteligentes y agudos consejos? ¿Rentabiliza de esa manera una empresa el dinero que paga?

Luis Bárcenas ha contado cómo sus donantes llevaban los dineros al PP. Álvaro Lapuerta anotaba sus referencias en una tarjeta y luego llamaba por teléfono o iba a los diferentes ministerios y recomendaba atender a las personas que daban dinero.

Los señores diputados cobraban sueldos equivalentes a un trabajo asalariado estable a tiempo completo presentado bajo el disfraz de asesorías.

  Federico Trillo ha coordinado estos años la defensa de los imputados en la trama Gürtel, ha presentado en defensa de los ahora acusados querellas por prevaricación contra jueces y ha mancillado el nombre de las dos fiscales que a duras penas se abrieron camino en la ciénaga de Gürtel: Miriam Segura y Concha Sabadell. Ellas no estaban en la trama contra el PP, como sugirió Rajoy en su día, sino que investigaban la trama del PP.

Vicente Martínez-Pujalte ha sido el bufón solidario y comprensivo con una gran parte de imputados y partícipes a título lucrativo del PP. ¿Por qué no iba a serlo si él mismo se comportaba de la manera que ahora sabemos, si él mismo tenía una conducta que era la repera patatera, que diría el señor Menéndez?

Diputados cobrando sueldo de empresas. No tiene justificación alguna. El enriquecimiento injustificado es un delito en otros países. En España, no. En nuestro ordenamiento, siempre ha sido visto como una figura penal reñida con la presunción de inocencia. Porque se invierte en este delito la carga de la prueba. Es el imputado/acusado el que tiene que probar la justificación de su enriquecimiento.

Pero hemos cruzado hace mucho ya el Rubicón. Y es hora de que esta figura se incorpore más pronto que tarde a nuestro Código Penal.