El PP alega que no es una empresa y pide el archivo del ‘caso Barcenas’

El abogado del Partido Popular alega en el recurso que ha presentado en la Audiencia Nacional pidiendo el archivo del caso Bárcenas que al no dedicarse la formación conservadora a una actividad económica no puede ser responsable civil subsidiaria de los delitos fiscales atribuidos a su extesorero. El juez Pablo Ruz consideró al PP presunto responsable civil subsidiario de los supuestos delitos fiscales cometidos por sus extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, al no pagar impuestos por las donaciones ilegales recibidas en 2008. Ese año es el único no prescrito de los 18 años en que supuestamente funcionó una caja b.

El Partido Popular, según el juez Pablo Ruz, se financió ilegalmente entre 1990 y 2008, durante las presidencias de José María Aznar y Mariano Rajoy, a través de una caja b que controlaban sus tesoreros —Lapuerta y Bárcenas— en la que ingresaban donaciones de empresarios -ocho millones de euros en total- que estaban prohibidas por la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

El magistrado Ruz aplica el Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos, que impedía la imputación de partidos políticos, para atribuir un delito fiscal —más de 120.000 euros de fraude en el impago del Impuesto de Sociedades de 2008— al representante legal o administrador de hecho del PP.

En 2008, la persona que firmaba los documentos relacionados con las cuestiones fiscales del PP era Luis Bárcenas, por lo que Ruz actúa contra él. En el auto que concluye la instrucción del caso, el juez cita el artículo 120.4 del Código Penal para señalar que “son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”. Por esa razón, el magistrado atribuye al PP la condición de responsable civil subsidiario del delito supuestamente cometido por Bárcenas: 220.167 euros de fraude fiscal por impago del Impuesto de Sociedades en relación con las donaciones ilegales de 2008: 888.000 euros.

El PP presentó un escrito en la Audiencia Nacional donde se adhiere al recurso de apelación presentado por el arquitecto Gonzalo Urquijo en el que pide el archivo de la causa. Urquijo cobró del PP por las obras de reforma de la sede central 1,7 millones que no declaró a Hacienda. La investigación judicial considera acreditado que la mayor parte de ese dinero salió de la caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas, con la complicidad de su anterior jefe, Álvaro Lapuerta.

Además de compartir los argumentos del arquitecto Gonzalo Urquijo en el recurso donde pide el archivo de la causa, el PP recuerda en su escrito que el artículo 120.4 del Código Penal, por el que el juez le atribuye la condición de responsable civil subsidiario, solo afecta “a personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio”. Y los partidos políticos, concluye el recurso, no desarrollan actividades económicas.