El director general de la Guardia Civil estudia acciones legales contra Garzón

Las espontáneas declaraciones del portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sobre la Guardia Civil en un foro universitario de Salamanca no parece que vayan a salirle gratis, pese a sus intentos de calmar las aguas y las reacciones provocadas en el instituto armado. Hoy ha sido el director general, Arsenio Fernández de Mesa, quien ha encargado un estudio a los servicios jurídicos para analizar si las palabras del candidato de Izquierda Unida al Gobierno pueden ser constitutivas de delito.

"Mientras el Gobierno mandaba a la Guardia Civil a asesinar inmigrantes en la valla de Melilla, aprobaba una Ley de Emprendedores que permitía a los extranjeros que compraran una vivienda por más de 500.000 euros obtener un permiso de residencia", dijo el pasado lunes Garzón, ante un concurrido auditorio que le preguntaba por el reciente naufragio ocurrido en aguas del mediterráneo y refiriéndose a las imágenes que dieron la vuelta al mundo el pasado 6 de febrero, en las que guardias civiles disparaban pelotas de goma en aguas de la frontera del Tarajal (Ceuta) llenas de inmigrantes. Murieron 15.

Las reacciones de los agentes del cuerpo no se hicieron esperar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) respondía el martes con un duro comunicado: "Se trata de unas palabras que sólo pueden proceder de la maldad y la irresponsabilidad más absolutas", "la atribución a los trabajadores de la Guardia Civil de tan gravísimo delito no debería quedar impune. No creemos necesario recordar al señor Garzón que cada día cientos de guardias civiles auxilian a los inmigrantes que llegan a nuestras costas exhaustos, poniendo en riesgo en muchas ocasiones su propia vida". Y directamente pedían que dichas palabras le costasen la carrera al joven político malagueño.

Esta misma mañana, Alberto Garzón se reunía —tras enviarles una carta el martes— con representantes de la asociación de la benemérita y desde su gabinete anunciaban haber "aclarado el malentendido y haber zanjado el asunto". Asimismo, la AUGC hacía público un comunicado en el que aceptaba sus disculpas. "Entendemos que los medios exageraron sus declaraciones", manifestaba el secretario de Relaciones Institucionales, Juan Liébana.

Si ellos querían aclarar algo tendrían que haberse puesto en contacto con nosotros, no con las asociaciones

Sin embargo, casi al mismo tiempo que el candidato de IU apagaba un fuego se le encendía otro. Desde la Dirección General de la Guardia Civil anunciaban que se emprenderían acciones legales contra el político. "El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha ordenado al General Jurídico del Cuerpo que inicie las acciones legales oportunas, dando traslado a la Fiscalía de las declaraciones del Diputado Garzón, por si pudieran ser constitutivas de delito", rezaba la nota de prensa.

El director general declinó hacer declaraciones a este periódico, pero mostró su "indignación" por las declaraciones de Garzón durante un acto en Sevilla. Calificó esas declaraciones de inadmisibles y pronunciadas desde el desconocimiento más absoluto de la labor que a diario realizan los guardias civiles que trabajan en las vallas de Ceuta y Melilla, "que lo hacen con respeto escrupuloso a la legalidad vigente y al Estado de Derecho y con total humanidad, defendiendo nuestras fronteras de la inmigración ilegal, violenta y masiva".

En la Dirección General siguen sin tener noticias de Alberto Garzón: "Si ellos querían aclarar algo tendrían que haberse puesto en contacto con nosotros, no con las asociaciones". Desde el gabinete del líder de IU se argumentaba que "nunca se quiso acusar de asesinos a los agentes" y que "no les había dado tiempo aún a responder a la reacción de Fernández de Mesa", aunque ni afirmaban ni negaban que fuesen a hacerlo.