Luis Ortega, un magistrado que creía en los derechos de los ciudadanos

Luis Ignacio Ortega Álvarez (Madrid, 1953) perteneció a la generación de estudiantes de Derecho que se licenció con la muerte del dictador. Hizo sus estudios de doctorado en Roma, sobre los derechos sindicales de los funcionarios públicos, y su tesis, luego publicada como monografía, influyó definitivamente en la primera regulación del derecho de negociación colectiva en la función pública de 1987. Discípulo de Jesús Leguina, en la escuela de Eduardo García de Enterría, con la victoria del PSOE en 1982 simultaneó su dedicación académica con la de director general del departamento de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Gobierno en 1983, durante el primer Gabinete de Felipe González.

Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) desde 1988, era un reconocido experto en derecho público, con especial atención a la estructuración territorial del Estado y las autonomías locales, y de derecho europeo. En esa calidad obtuvo la cátedra Jean Monnet en 1999 y fundó el Centro de Estudios Europeos de la UCLM, que dirigió. Participó en numerosos grupos de estudio sobre reformas legislativas administrativas de relieve, en especial en el Estatuto Básico del Empleo Público. Impulsó líneas de investigación muy novedosas en el colectivo de investigadores y docentes que lideraba en esta universidad, en especial sobre el derecho ambiental y europeo.

En enero de 2011 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, donde mantuvo una actuación de defensa de los derechos sociales y ciudadanos, en muchas ocasiones en abierta oposición con la mayoría de este órgano, conformada para avalar sin fisuras el programa legislativo y normativo del Gobierno del Partido Popular. Sumó su voz discrepante a los votos particulares contrarios a las dos sentencias del Tribunal Constitucional que consideraron constitucional la reforma laboral de la ley 3/2012 y, muy significativamente, compartiendo la autoría del voto con Fernando Valdés, a la sentencia que consideró legítimo no actualizar la revalorización de pensiones. Se mantuvo siempre crítico respecto de la utilización exorbitante por parte del Gobierno del decreto ley basado en la alegación ritual de una situación de urgencia inexistente. Fue en definitiva un magistrado que creía en la función política y democrática de los derechos constitucionales reconocidos a la ciudadanía y que no consideraba al órgano constitucional como una mera máquina de registrar aprobaciones entusiastas a las decisiones del Gobierno.

Su muerte, el pasado 15 de abril, a los 62 años, supone una gran pérdida para los demócratas y progresistas de este país, que además resulta más sentida por ser tan prematura. Como CC OO, lamentamos profundamente la desaparición de una persona como Luis Ortega, un gran profesor y un demócrata honesto que manifestó a lo largo de toda su vida un compromiso seguro y permanente con la democracia social y los derechos ciudadanos.

Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Fundación 1º de Mayo de CC OO.

Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Fundación 1º de Mayo de CC OO.