El Tribunal Supremo avala la salida de un juez sustituto en Mallorca

El Tribunal Supremo avala la salida de Francisco José Pérez Martínez como juez sustituto por "una actuación y una forma de tomar decisiones caracterizadas por la falta absoluta del necesario estudio, análisis y reflexión". El Consejo General del Poder Judicial, con la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, le había apartado del cargo en abril de 2013, al considerar acreditada "su falta de idoneidad". Después de que se analizara su trabajo como instructor en varios juzgados de Mallorca, se consideró que obró de "manera apresurada y poco ponderada".

El Tribunal Superior de Baleares obró con los informes de los jueces decanos y reconstruyó aspectos controvertidos en los que intervino el instructor; determinó, entre otras cosas, que en ocasiones adoptó decisiones "sin que concurriera circunstancia alguna que justificara la urgencia y premura con que actuó".

Sin embargo, Pérez Martínez afirmó que obró con "honestidad, diligencia y probidad" y que "nunca buscó fama ni beneficio alguno". También sugirió en el recurso contencioso —que ha perdido ante el Supremo— que el expediente de información sumaria que motivó su cese obedecía al haber intervenido en uno de los casos de corrupción de Baleares.

El magistrado sugirió que el expediente que motivó su cese obedecía al haber intervenido en el caso de corrupción de Matas

Concretamente, aludía al caso Ibatur, en el que imputó al expresidente del Gobierno de Baleares Jaume Matas y al ex secretario general del PP balear y exconsejero José María Rodríguez. La causa tenía 8.000 folios y la permanencia de Pérez Martínez en el juzgado duró cuatro días. El Supremo recuerda ahora que en una sola tarde analizó el asunto y actuó. Un funcionario relató que el entonces juez le comentó que "le encantaban" las causas por corrupción.

Además, en el caso Andratx, sobre de corrupción urbanística, Pérez Martínez ahondó en una pieza sobre una supuesta infracción en el chalé de Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, que se archivó. En una de las causas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción sobre escándalos de Unió Mallorquina (UM), impuso —de madrugada— una fianza de 300.000 euros a una dirigente y 1,6 millones de fianza civil a la ya desaparecida organización, cuyos exdirigentes están presos.