Ruz no menciona en su auto sobre la caja b a la cúpula del PP

La petición del PSOE y de otras acusaciones populares del caso Bárcenas de que se impute a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y a su predecesor, Ángel Acebes, e incluso al presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, tiene escasos asideros en el auto de conclusión dictado el lunes por el juez Pablo Ruz. El magistrado, a lo largo de las 190 páginas de su resolución, no hace mención expresa alguna ni a Rajoy ni a Cospedal; y en cuanto a Acebes, archiva su imputación por permitir —por conducta omisiva— que el extesorero Bárcenas se apropiara de 149.600 euros de la caja b del partido.

El magistrado lleva su valoración todo lo lejos que le permiten los indicios recabados durante dos años de investigación, pero no va ni un paso más allá. En la contabilidad paralela de Bárcenas figuraban supuestos sobresueldos a miembros de la cúpula del partido durante los años noventa y 2000, como Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Ángel Acebes o Francisco Álvarez-Cascos. Sin embargo, en su auto, Ruz únicamente menciona aquellos pagos que ha conseguido acreditar, entre otras cosas, porque los perceptores los admitieron, como el caso del exconsejero navarro Calixto Ayesa o la Fundación Humanismo y Democracia. Las acusaciones pretenden que el delito fiscal supuestamente cometido por el PP en 2008 por los donativos ilegales y por el que serán responsables penales los extesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta se extienda a los secretarios generales en aquel año, Ángel Acebes, y desde octubre, Dolores de Cospedal.

En su declaración como testigo, el 13 de agosto de 2013, Cospedal aseguró que la gestión económica y la contabilidad era una tarea exclusiva de la tesorería, y negó supervisar esta área. Sin embargo, los estatutos del PP otorgan al secretario general “la dirección de todos los servicios y la jefatura de su personal”. Al tesorero le reserva “las funciones que legalmente le correspondan y aquellas que le encomiende el Comité Ejecutivo”. Las acusaciones rechazan también el criterio del magistrado de que los supuestos delitos de falsedad contable continuada y delitos electorales —por financiar seis campañas electorales con dinero negro entre 2003 y 2008— han prescrito.

El juez considera que el PP se financió ilegalmente. Y ello hasta el punto de recordar que el Código Penal permite a un juez proponer al Gobierno que tipifique como delito una conducta que entiende que debe ser sancionada. Ruz no optó por esta vía tras tener en cuenta que el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal actualmente en trámite parlamentario incluirá los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.