El Gobierno de Aguirre fichó para una campaña al asesor que colocaron en el ‘caso Gürtel’

El Gobierno de Esperanza Aguirre fichó para las elecciones autonómicas de 2007 a la misma persona que, en 2011, también fue contratada, en posible fraude de ley, como ayudante del juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel entre 2009 y 2011. Se trata de Rafael N. G., un abogado que cobró en torno a 80.000 euros por ayudar al magistrado (que padecía serios problemas de movilidad) a transcribir sus resoluciones, que entonces estaban secretas e implicaban a numerosos altos cargos del PP de Madrid y al entonces senador y tesorero del PP Luis Bárcenas.

El Gobierno de Aguirre (PP), a través de su consejería de Presidencia, contrató a una sociedad de Rafael N. G. para dirigir la “infraestructura y apoyo logístico durante el proceso electoral, distribución de los colegios, formación de los representantes de la Administración en las mesas electorales y entrega de documentación”, según estipula su contrato.

Entre otros cometidos, el que más tarde sería ayudante del juez Pedreira tuvo el de estudiar el censo, buscar, seleccionar y formar a los 4.000 representantes de la Administración en el proceso electoral. Estos últimos, en su mayoría estudiantes, cobraban 300 euros y su función consistía en coordinar cada colegio y transmitir los resultados a las bases informáticas de Indra e ICM, la agencia informática de la Comunidad de Madrid.

Rafael N. G. eligió a los representantes de los colegios electorales

Alejandro Halffter, exviceconsejero de Aguirre y secretario general técnico de Presidencia en las elecciones de 2007, señala que ignora como se eligió a la empresa de Rafael N. G. y asegura que se les ofrecieron varias empresas. “Creo que había apoyado a otras consejerías en otras comunidades y durante procesos electorales. No sabía ni que era abogado”, afirma Halffter. Cuatro años después, Rafael N. G fue contratado por ICM para ayudar al juez Pedreira durante la instrucción del caso Gürtel. Esos servicios pudieron vulnerar la legalidad ya que la ley establece que un juez solo puede estar asistido por funcionarios judiciales, no por un abogado que no es funcionario.

La Ley Orgánica del Poder Judicial señala en su artículo 435.1 que los puestos de trabajo de las oficinas judiciales (juzgados) solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. En este caso no se contrató al ayudante como exige la ley de la bolsa de interinos de Justicia. Rafael N. G. ha declinado responder a este periódico para explicar cómo, para qué y a través de quién logró convertirse en ayudante de Pedreira, lo que le permitió tener acceso a las pesquisas, entonces secretas, del caso Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción de la reciente historia de España, que se instruye desde hace seis años y que ya entonces salpicaba a una docena de altos cargos del PP, buena parte de ellos de la Comunidad madrileña. El letrado sí aseguró que no ha sido militante del PP.

Buscó a 4.000 personas para distribuirlas por las mesas electorales

Ni Halfter —entonces secretario general técnico de Vicepresidencia con Ignacio González— ni otras personas de su departamento explican quién presentó a Rafael para encargarle el trabajo electoral. Tampoco quién habló con ICM para que este organismo público, dependiente de Presidencia, contratase a Rafael N. G. como asistente del juez Pedreira. La agencia ICM le hizo cuatro contratos de tres meses (de entre 17.000 y casi 20.000 euros trimestrales). Y para esquivar la ley, los pagos se hicieron a dos sociedades, una de ellas de limpieza, tras la que estaba el abogado gallego.

El actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mostró ante la Asamblea de Madrid dos cartas del juez Pedreira en las que este pedía la renovación de los contratos de su asistente, pero tampoco explicó de quién partió la idea de que fuese Rafael N. G. quien ayudase al magistrado. La Comunidad señala que la solicitud inicial “fue verbal”. El magistrado no podía escribir, pero conservaba plenas sus facultades. “Necesitaba ayuda y cualquier apoyo le venía bien. Le pusieron a Rafael y con él se quedó”, señalan fuentes de su entorno. Entre febrero de 2011 y enero de 2012, a Rafael le pagó ICM.

ICM está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica. El juez dispone de facturas falsas supuestamente emitidas por la firma tecnológica Indra a favor de ICM. Es decir, por trabajos supuestamente inexistentes que se pagaban con dinero público. Hay un imputado de Indra en la red Púnica y un detenido de ICM, su exgerente. Y en la cárcel, Granados, entonces hombre fuerte de Aguirre en la Comunidad junto al actual presidente González y secretario general del PP de Madrid. Tras dejar Gürtel el juez Pedreira, al inhibirse de la causa y devolverla a la Audiencia Nacional (en concreto, al actual instructor, el juez Pablo Ruz, el 21 de diciembre de 2011), Rafael trabajó durante otros dos años para la tecnológica Indra con un sueldo mensual de 6.000 euros el primer año, casi el doble que sus compañeros de departamento. Cuando Indra le redujo el sueldo el segundo año, se marchó, en julio del año pasado.

Velasco investiga ahora contratos y supuestas facturas falsas facilitadas por Indra a ICM por servicios de cuya ejecución duda. También indaga un supuesto pago de 10.000 euros entregado por Indra a un implicado en la trama, Alejandro de Pedro, por orden, según declaró el exgerente de ICM, de Salvador Victoria, actual consejero de Presidencia y Justicia, y portavoz del Gobierno de González. Victoria lo niega.

Sobre la mesa del juez Ruz, actual juez de Gürtel, hay una denuncia de UPyD en la que se indica que Rafael N. G. actuó como ayudante de Pedreira incumpliendo la ley y, además, como “un espía” de la Comunidad de Madrid en el seguimiento de la causa. Casi cuando Pedreira se disponía a devolver Gürtel a las manos de Ruz, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid abrió una información sobre la demora de Pedreira en resolver un recurso y para recabar información sobre cómo había llegado Rafael N. G. al despacho del juez.

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