La fiscalía pide investigar a Monedero por injuriar a la Policía Nacional

La fiscalía ha pedido que se investigue al número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, por un presunto delito de injurias contra el Cuerpo Nacional de Policía. Durante una conferencia en noviembre de 2013 —cuando Podemos aún no existía— ante militantes de IU de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Monedero acusó a los agentes de distribuir heroína entre la “juventud más conflictiva” del País Vasco. Unas controvertidas declaraciones que, según la fiscalía, exceden los límites de la libertad de expresión y podrían ser constitutivas de un delito de amenazas contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que el artículo 504.2 del Código Penal castiga con una multa de hasta 18 meses. “Las expresiones de Monedero atentan contra el prestigio y la reputación de la policía”, asegura el ministerio público en un escrito del 5 de marzo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) presentó la querella contra Monedero el pasado 5 de septiembre. El caso correspondió al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que archivó la causa al entender que no había delito. Con su escrito, la fiscalía recurre ahora esta decisión ante la Audiencia de Madrid, que decidirá si indaga el caso.

"Las palabras del político son muy graves", dice el sindicato CEP

Monedero afirmó en noviembre de 2013, según un vídeo colgado en Youtube: “¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers [camellos] en el País Vasco? ¿Por qué? Porque resulta que se empezó a distribuir heroína por parte de la policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona, y de repente apareció la heroína en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Barcelona... En sitios donde la gente podía optar por salidas políticas mejor...”. Este periódico intentó este viernes sin éxito recabar la opinión del dirigente. 

“Las palabras de Monedero contra un colectivo que se jugó la vida en el País Vasco durante los años de plomo no son de recibo”, señala Antonio Labrado, secretario general del CEP, el segundo sindicato policial en número de socios (24.000) y promotor de la querella contra el profesor universitario. Labrado califica sus declaraciones de “muy graves”, y cree que fueron realizadas “con perfecto conocimiento de su falsedad”.