El Gobierno achaca al PSOE el supuesto “chantaje” a González

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha emplazado al anterior Gobierno socialista a dar explicaciones sobre la reunión el enfrentamiento entre el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y los comisarios de policía que, según denunció el mandatario madrileño, le chantajearon durante un encuentro mantenido torno a la investigación sobre su ático de Marbella. El ministro se ha escudado en que aquel encuentro tuvo lugar en tiempos del anterior Gobierno socialista y se ha remitido a lo que dictaminen los tribunales al respecto. El caso del ático sigue abierto en un juzgado de Estepona sin que haya ni imputados ni se haya concretado "datos fácticos o indicios de criminalidad concretos".

Fernández Díaz ha contestado a esta cuestión en nombre del Ejecutivo y como máximo responsable de las fuerzas de seguridad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Le diré que cuando se produjo la reunión del presidente de la Comunidad de Madrid con dos comisarios fue el 29 de Noviembre de 2011. Creo que el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) fue investido por las Cortes el 19 de diciembre y los ministros del Gobierno juraron el cargo en diciembre. El PP no estaba al frente del Gobierno, en todo caso tendrán que contestar quienes gobernaban".

"En relación con los chantajes y extorsiones, por lo que he leído, se han producido un cruce de denuncias por lo tanto lo tendrán que dilucidar los jueces", ha sentenciado. Fernández Díaz sí ha vuelto hacer hincapié en cambio en que González fue objeto de una investigación ilegal como él mismo denunció en 2012. Lo ha hecho al recordar un auto del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en el que se investiga la actuación que mantuvo el excomisario de Marbella Agapito Hermes de Dios (posteriormente cesado) al investigar el ático de González en Estepona.

Un portavoz de este departamento respondió ayer oficialmente que el caso de la legalidad o no de la investigación sobre el ático marbellí de González está bajo el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. “Pero desde el respeto a la investigación judicial, cuando se produjo la reunión de González con los comisarios no gobernaba el PP ni estaba el actual equipo en Interior”.

El encuentro ocurrió cuando el PSOE había perdido las elecciones generales y estaba en el proceso de traspaso de poderes al PP. González se reunió el 29 de noviembre de 2011 con los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño (jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información), a petición de este último.

El encuentro era para hablar sobre el ático de Marbella, cuya propiedad se estaba investigando de “manera reservada y secreta”. González entendió que Villarejo intentó chantajearlo cuando le pidió un recibo del alquiler del ático. La insólita denuncia de González —que ha reiterado en las ultimas horas— fue respondida por Villarejo, uno de los comisarios señalados, con una querella por injurias. Este funcionario ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que su domicilio a efectos de notificaciones “es la Dirección General de la Policía”.

La policía investigó el caso a pesar de que no había hallado indicios de delito y continuó pese a que la fiscalía anticorrupción, además, archivó la denuncia sobre el ático de González. Posteriormente fue reabierto el caso en un juzgado de Estepona, que llegó a imputar a la mujer del presidente madrileño, Lourdes Cavero. En mayo pasado, esta imputación fue revocada al no encontrar indicios de criminalidad.

La resolución judicial establece que “deja sin efecto” la imputación de Cavero dado que “no se ha sustentado por el momento en datos fácticos o indicios de criminalidad concretos, reveladores de su presunta participación en unos delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales”. El fallo de la Audiencia Provincial de Málaga señalaba también que "no se alude a la procedencia delictiva de los fondos de la sociedad constituida en el extranjero".

Esta decisión se produjo después de que la fiscalía anticorrupción pidiera que se precisara, “al menos, cuál es el delito fiscal que se imputa, a qué impuesto se refiere y cómo se ha producido y, especialmente, quién es el responsable de ese hecho delictivo”.