Carrera de obstáculos en el juicio del ‘caso Gürtel’

El juicio a una larga época de pillaje institucional en administraciones públicas gobernadas por el PP está plagado de obstáculos. Pese a los seis años de exhaustiva investigación judicial y pese a las innumerables pruebas acumuladas durante ese tiempo, aún respiran en la causa algunas incertidumbres que mantienen en vilo el desenlace final de la vista oral.

En función de cómo se resuelvan esas incertidumbres, las acusaciones pueden presentarse en el juicio con una mano atada a la espalda o con toda la carga de la prueba en su poder. En la misma medida, los principales acusados pueden respirar aliviados al quitarse varios pesos de encima o acudir al banquillo con la grave pesadumbre de una dura condena.

El juicio de la primera etapa del caso Gürtel mostrará una imagen de España que pone en cuestión la honorabilidad del partido que ahora gobierna en la mayoría de las instituciones. En 40 sillas y dos butacas supletorias se juntarán empresarios —acusados del pago de mordidas a cambio de contratos millonarios— diputados, alcaldes y concejales del PP —enriquecidos a costa de regalar negocios pagados con dinero público a cambio de comisiones ilegales—y un partido político, el hegemónico en el país, que se benefició de estas prácticas durante años.

Lo que sigue intenta resumir las sombras que desdibujan el escenario de una vista oral histórica.

Lo que Suiza muestra, pero esconde. Las autoridades suizas han colaborado intensamente en la investigación judicial. Las 40 comisiones rogatorias que tres jueces españoles (Garzón, Pedreira y Ruz) cursaron a Suiza en busca del dinero robado han permitido recabar información bancaria suficiente para acreditar las prácticas corruptas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su lugarteniente, Pablo Crespo; para probar el enriquecimiento ilícito de Luis Bárcenas, amo del corazón financiero del PP durante 20 años; o para documentar el blanqueo de capitales de Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre que durante cuatro años se lucró a base de mordidas cobradas de la red Gürtel a cambio de adjudicar ilegalmente cientos de actos de propaganda pagados con dinero público de la Comunidad de Madrid, según la investigación.

Suiza ha secuestrado ahora toda esa información y prohíbe su uso con la excusa de que la investigación judicial española no ha ofrecido “explicaciones suficientes acerca de cómo, en función de los hechos que describe, se podría haber generado un fraude fiscal”. El juez Pablo Ruz ha vuelto a reunir diversa documentación que obra en la causa para convencer a las autoridades suizas de su error y conseguir que permitan utilizar la información bancaria durante el juicio. De cómo se resuelva este contencioso depende en parte el castigo final a los corruptos. La mitad de las penas y multas que solicita la Fiscalía para Correa, Crespo, Bárcenas o López Viejo dependen de la información suiza.

Testimonios clave pendientes de las cuestiones previas. Álvaro Lapuerta, tesorero del PP durante la etapa en que la trama corrupta colonizó este partido, sufre una enfermedad que debilita sus facultades mentales. Los intentos del juez Ruz para que Lapuerta declare han sido infructuosos. El tribunal que juzgará el caso, formado por tres magistrados, deberá decidir al comienzo de la vista oral si Lapuerta debe declarar o, como pide su abogado, no lo hace debido a sus impedimentos físicos. Otro imputado, el empresario Rafael Naranjo, sufre parecidos problemas. Su relato podría ayudar a esclarecer algunos episodios de contratos multimillonarios amañados por distintos administradores para beneficiar a su empresa a cambio del pago de comisiones ilegales.

Además, algunas acusaciones han pedido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare en el juicio como testigo dada su condición de secretario general y presidente del partido durante los años en que la red Gürtel hizo parte de sus negocios sucios con la connivencia de dirigentes populares. Rajoy es el único secretario general del PP que no ha sido citado por el juez Pablo Ruz durante la instrucción de la pieza separada abierta por supuesta financiación ilegal de la formación conservadora.

Las pruebas del delito. En las conversaciones grabadas en la cárcel por orden judicial, el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, admitió ante sus abogados que el contenido almacenado en el pen drive hallado en uno de los registros de sus empresas es definitivo para probar los delitos cometidos y la participación de cargos del PP. Pero esas conversaciones fueron anuladas por ilegales. El juez que las ordenó, Baltasar Garzón, fue condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial. Los abogados de los supuestos corruptos han intentando a través de diversos recursos que se anulara toda la causa como consecuencia de esas grabaciones ilegales. Pero la Audiencia Nacional ha mantenido que hay toneladas de pruebas no contaminadas por esas grabaciones, entre ellas el pen drive hallado en uno de los registros, una evidencia que se incorporó al sumario antes de que Correa admitiera ante su abogada la importancia de la misma.

Tribunal sentenciador bajo sospecha de parcialidad. La presidenta del tribunal encargado de juzgar el caso se llama Concepción Espejel. Antes de llegar a la Audiencia Nacional, Espejel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Y antes, como presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, tomó decisiones que permitieron imputar a altos cargos socialistas en relación con un incendio que acabó con la vida de 11 retenes en Cogolludo. El final de aquel procedimiento acabó con la absolución de los socialistas y la condena de la persona cuya negligencia desató el incendio.

Algunas acusaciones populares entienden que Espejel ha dado muestras en su vida profesional de defender los intereses del PP y, por tanto, no estaría legitimada para presidir un juicio donde la formación conservadora está acusada como “partícipe a título lucrativo” de los delitos cometidos por la trama Gürtel. Durante la entrega de una condecoración a la juez, la actual secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, glosó así su figura: “Es el acto de reconocimiento y de homenaje a una gran mujer —se ha dicho aquí, pero yo lo quiero reiterar—, pero también a una gran jurista que ha acumulado importantes méritos en su carrera. No sólo ha velado siempre por el correcto ejercicio de sus funciones que como juez le corresponden, sino que además, Concepción Espejel, que para todos es Concha y lo va a ser siempre, ha tenido un compromiso firme y una vocación profunda con la dimensión más social de la administración de Justicia”.