La contrarreloj del juez Ruz

El rechazo de la Agencia Tributaria a la petición del juez Ruz para que se determine la presunta y eventual cuota evadida por el Partido Popular respecto a las donaciones ilegales (cantidad superior a un millón de euros, según los Papeles de Bárcenas) recibidas en el ejercicio 2008, el único no prescrito, tiene su miga. Hacienda viene a decir que el juez no le puede obligar a hacer el cálculo porque eso va contra sus principios.

Veamos.

El juez Ruz dictó una providencia el pasado jueves 26 de febrero en la cual daba un plazo de cinco días para emitir un informe sobre la cuota presuntamente defraudada. Si supera los 120.000 euros en un año sería delito fiscal.

Hacienda respondió el martes pasado, día 3 de marzo, con un escrito en el que el juez no puede condicionar su criterio técnico “obligándole a emitir una opinión en la que aplique criterios técnico-jurídicos contrarios a los ya expresados en informes anteriores realizados en el mismo proceso”.

Si al juez no le gustan esos informes, dicen ahora, puede “prescindir” de ellos. Hacienda “no está en disposición de cumplimentar el informe en los términos solicitados”.

Bien.

¿Qué sacrilegio ha cometido Ruz? ¿Cómo es que se ha atrevido a “obligar” a hacer algo que es contrario a lo que opina Hacienda?

El juez ha osado mantener una posición disidente.

En sus informes aportados al juzgado Hacienda sostenía que los partidos políticos están exentos del pago del impuesto de sociedades. Y que "no se exige que las donaciones se hayan obtenido de acuerdo a la Ley". Por tanto, concluía, los partidos no deberán pagar impuestos si tales ingresos se dedican a financiar su finalidad específica.

Ya los peritos de Hacienda habían ratificado el 11 de febrero en sede judicial que las donaciones presuntamente ilegales canalizadas hacia el pago de obras de remodelación de la sede de la madrileña calle de Génova eran un fin conforme a su objeto social.

Ruz señala en su providencia que existen otros criterios en la causa que apuntan a la posible existencia de un delito fiscal en el impuesto de sociedades pagado por el PP en 2008.

El juez no pide a la Agencia Tributaria que renuncie a sus convicciones, por así decir; solo le dice: oiga, en el supuesto de que haya delito haga usted el cálculo de la cuota y dígamelo.

Porque no estamos en la fase de enjuiciamiento sino de instrucción. Será un tribunal, no el juez Ruz, el que en su día considerará la existencia o no de delito fiscal.

Precisamente, el juez en su providencia pide el nuevo informe “sin perjuicio de lo ya informado al respecto en otros informes de Hacienda”. Se refiere a lo aportado el 25 de septiembre de 2013 y 17 de octubre de 2014.

Sigan ustedes pensando que no hay delito, pero digan en la hipótesis de que pudiera haberlo, cuánto es lo defraudado. Este es el planteamiento de Ruz.

El juez ha pasado el rechazo de la Agencia Tributaria a informe del fiscal Antonio Romeral.

Sería lógico que una vez conocida su posición, el juez dicte un requerimiento a Hacienda para que realice la cuantificación solicitada en un plazo razonable y advierta que en caso de incumplimiento tendrán que asumir su responsabilidad por desobediencia.

Todo esto nos remite a la contrarreloj del juez. Tiene que dictar el auto de apertura de juicio oral de la pieza Gürtel 1999-2005 y preparar el auto de conclusión de los Papeles de Bárcenas o Contabilidad B del PP, lo que supone hacer una valoración de los sobresueldos abonados a los presidentes y secretarios generales del partido, las donaciones ilegales y los pagos en negro de las obras de reforma de la sede de la calle Génova. Todo esto en las pocas semanas que le quedan en el juzgado hasta el aterrizaje del nuevo juez, José de la Mata, que se prevé para primeros de abril.

Por supuesto, quedan otras piezas de Gürtel a medio camino.

Esta contrarreloj es el resultado de la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de incluir la plaza en el concurso cuando la comisión de servicios de Ruz podía extenderse hasta el 24 de junio de 2015, de acuerdo a todos los preceptos legales, incluyendo el nuevo artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.

Deprisa y corriendo no se puede terminar bien un sumario. Y no digamos ya uno de la complejidad y amplitud del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas.

Por ello, si a la solución impulsada por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con el apoyo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la cual esto se debe acabar de una vez, se suman ahora actitudes como la de Hacienda, que rechazan la colaboración con la justicia, el cuadro resultante ilustra el poco respeto realmente existente por la acción independiente de jueces y magistrados.