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Tomás Gómez ocultó un coste de 42 millones extra del tranvía de Parla

El gran proyecto del socialista tuvo un precio final de 298 millones

Tranvia de Parla Ampliar foto
Gómez, en la inauguración del tranvía de Parla junto a Aguirre, Sebastián y Simancas.

El tranvía de Parla, el proyecto estrella de Tomás Gómez como alcalde (1999-2008) de esta ciudad madrileña de 125.000 habitantes, tendrá un coste final de 298 millones de euros, 42 más de lo que indicaban hasta ahora los auditores. Esta última cantidad fue pagada directamente por el Ayuntamiento a la empresa que gestiona el tranvía y no está descontada de la deuda municipal hasta ahora reconocida: 256 millones. Gómez fue destituido como secretario general de los socialistas madrileños a mediados de febrero por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por sus previsibles malos resultados electorales y por la polémica gestión de esta infraestructura municipal.

El exlíder del PSM siempre ha sostenido, sin embargo, que el precio total de la infraestructura no superó nunca los 129 millones, ya que las auditorías y los informes municipales incluyen los intereses que el Ayuntamiento de Parla debe pagar hasta 2037. El precio original del tranvía, con una longitud de 8,3 kilómetros y 15 paradas, era de 93,5 millones más IVA. La deuda del Ayuntamiento de Parla supera los 550 millones, con un presupuesto que no llega a los 70.

Los 42 nuevos millones —“una subvención de capital” que según las fuentes municipales consultadas debería “haberse descontado y no añadido” a los 256 millones de deuda reconocida— fueron aportados entre 2006 y 2007 por el Ayuntamiento como parte de los ingresos que obtuvo de Parla Este, un consorcio urbanístico participado en un 55% por la Comunidad de Madrid y el 45% restante por la localidad.

El Ayuntamiento lleva dos años sin poder pagar a la concesionaria

En teoría, el contrato del proyecto preveía adelantar una parte significativa del importe de las obras, que posteriormente se descontaría de la factura final. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha reclamado dicho descuento a la concesionaria de la infraestructura. “Es que era una cantidad autónoma”, se justifica un relevante miembro del Ejecutivo de José María Fraile, sucesor de Gómez en el Ayuntamiento.

La concesionaria del tranvía, participada en un 85% por Globalvia Infraestructuras (creada en 2007 y participada al 50% por FCC y Bankia) y un 15% por Inversiones Corporativas, también apunta en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS que “la subvención” de 42 millones “es independiente de los pagos previstos en concepto de aportación por inversión [u obras]”. “No afectaba al calendario de pagos relativo a la aportación por inversión, al tratarse de dos conceptos retributivos independientes”, sentencia.

La empresa concesionaria ha declinado pronunciarse pese a las peticiones de este diario. “No vamos a hacer declaraciones sobre la pregunta planteada ni para desmentirla ni para confirmarla”, responden por escrito.

La infraestructura fue presupuestada en 2005 en 93,5 millones más IVA

La situación económica del Consistorio es tan crítica que lleva dos años sin pagar nada a la adjudicataria del tranvía, a la que debe 180 millones. De hecho, el fondo de inversión que se ha quedado con la deuda de la quebrada infraestructura, Sagasta Corporate, ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales: le reclama 29 millones de impagos hasta la fecha. “El objetivo de Globalvia y Tranvía de Parla es gestionar el activo de la mejor manera posible y ofrecer un servicio de alta calidad”, dice la gestora del tranvía. Los 42 millones contabilizados aparte se destinaron directamente desde el consorcio urbanístico de Parla Este a Tranvía de Parla SA en distintas tandas, en concepto de “pago por cuenta del Ayuntamiento”. Así, existen facturas entre 2006 y 2007 de varios millones hasta completar la citada cantidad.

La fiscalía, además, abrió en marzo del año pasado una investigación por un sobrecoste de 41 millones aprobado en 2006 y 2009 por dos gobiernos de Parla, con Gómez y Fraile siendo alcaldes, respectivamente. El fiscal pide la imputación para una docena de ediles socialistas por los posibles delitos de “prevaricación” y “malversación de caudales públicos”. Entre ellos no se encuentra Gómez, que no asistió a la Junta de Gobierno de finales de 2006, en la que se aprobó un modificado presupuestario de unos 25 millones.

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