El fiscal pide mantener la condena al exconseller valenciano Rafael Blasco

El Tribunal Supremo ha dejado hoy visto para sentencia el recurso contra el fallo que condenó a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación al exconsejero valenciano Rafael Blasco por desviar ayudas destinadas a la cooperación. La fiscalía se ha opuesto a la nulidad de la sentencia que pedía la defensa de Blasco, para quien el recurso ante el Supremo es la última opción para eludir la cárcel. El tribunal resolverá en los próximos días y, si confirma la condena, el exconseller y exportavoz del PP en las Cortes valencianas tendrá que ingresar en prisión.

En la vista han estado presentes los abogados de los nueve condenados en la primera pieza separada del llamado caso Cooperación: además de Blasco, otros cinco ex altos cargos de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y tres miembros de una fundación. Todos apelaron al Supremo solicitando la anulación del fallo.

La Fiscalía Anticorrupción y la Generalitat pidieron que se elevaran las penas, aunque en el caso del exconseller, el fiscal ha mostrado su conformidad con la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que consideró a Blasco cabecilla de una trama integrada por varios cargos públicos a los que él había nombrado en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que desvió ayudas al desarrollo de la Generalitat destinadas a proyectos en Nicaragua. Según la sentencia, de los 1,8 millones de ayudas gastadas, solo el 3% (43.000 euros) se destinaron al programa de ayudas para el que se concedieron. Con el resto del dinero se adquirieron varios inmuebles.

La fiscalía sí ha pedido un incremento de condenas para otros tres ex altos cargos de la Generalitat: para el que fuera director general de Cooperación al Desarrollo, Josep Maria Felip, al que el TSJV condenó a siete años de inhabilitación por prevaricación, el fiscal pide añadir el delito de malversación; para el subsecretario de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía, Alexandre Catalá, al que el tribunal valenciano impuso una condena de cuatro años y medio por prevaricación y falsedad documental, el fiscal solicita que se le condene también por malversación; y en el caso del que fuera jefe de área de Cooperación al Desarrollo, Marc Llinares, el Ministerio Público pide anular la condena de cuatro años y medio por prevaricación y falsedad  y condenarle por malversación.

El fiscal, Álvaro Redondo, ha señalado en su informe final que existen “innumerables pruebas” para condenar a los acusados y ha rebatido el argumento de las defensas de que el tribunal que les condenó se viera influido por presiones políticas o mediáticas.

En su recurso, Blasco alegó que se violaron sus derechos como aforado (como miembro del Gobierno valenciano y diputado) al ser investigado por una juez ordinaria en lugar de por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. El conceller sostiene que fue grabado ilegalmente porque los pinchazos telefónicos que oficialmente tenían como objetivo al empresario y codirector de la trama Augusto César Tauroni buscaban en realidad obtener pruebas contra él. Además, Blasco alega que la Abogacía de la Generalitat actuó inicialmente como defensa y más tarde como acusación, tanto en el proceso penal como ante el Tribunal de Cuentas.