“Hay que pedir presupuestos fantasma para pasar las auditorías”

“Hay que pedir presupuestos fantasma […] para pasar las auditorías”. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido este jueves a revelaciones como estas –contenidas en correos electrónicos interceptados por la policía- para solicitar la declaración como imputado del exviceconsejero socialista de Obras Públicas del Gobierno de Aragón Carlos Escó.

Anticorrupción atribuye a Escó los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y maniobra para la alteración de precios en el caso Plaza, que investiga un supuesto fraude de 200 millones de euros en la construcción en 2004 de una plataforma logística en Zaragoza. El proyecto desarrollado a través de una sociedad pública para albergar empresas fue una de las iniciativas estrella del Gobierno regional del socialista Marcelino Iglesias (1999-2011).

Escó, que fue consejero delegado de la sociedad pública Plaza, aparece en los correos vinculado a un rosario de irregularidades. Desde adjudicaciones fraudulentas hasta el inflado de facturas. La Fiscalía da validez a un correo que asegura que el socialista adjudicó a dedo al empresario Pedro Tejero-Garcés la obra Parque del Canal por 128.000 euros. Según los investigadores, la decisión ignoró que la oferta no era la mejor valorada en la puntuación técnica.

El exviceconsejero de Iglesias estaría también relacionado con la decisión de comprar unos terrenos “absolutamente inútiles” a la empresa Sanedi por 4,5 millones de euros, según la Fiscalía.

Escó habría contratado en junio de 2004 un vídeo promocional de dos minutos de duración por 48.000 euros cuyo coste no superaba los 12.000, según un correo del exgerente de Plaza, el también imputado José Ricardo García Becerril. “Se presentaron tres presupuestos falsos para justificar el encargo”, indicó García. La Policía sostiene que se manipularon las facturas para inflar el precio del audiovisual.

Otra presunta treta de la espiral de sobrefacturaciones apunta al pagó del doble por las obras de revestimiento de los edificios. La empresa pública habría beneficiado a la firma zaragozana Grupo Floría, según los investigadores.

Anticorrupción afirma que Escó, que está casado con la diputada socialista Eva Almunia, podría haber maniobrado en febrero de 2004 para favorecer a Repsol en la instalación de una estación de servicio en Plaza. “Se va a dar muy poco tiempo entre la adjudicación del pliego y la recepción de los proyectos para evitar que otros concursantes tengan tiempo de trabajar y así favorecer a Repsol. Está todo preparado y hecho a la medida de CE [Carlos Escó] y Repsol”, recoge un correo del exgerente de Plaza José Ricardo García Becerril.

Anticorrupción ha pedido también que declaren como imputados el empresario Miguel Ángel Floría (Grupo Floría), adjudicatario del revestimiento de fachadas; y el jefe de obra de la UTE Alejandro Viñuales.

El caso Plaza se fraguó con una macrooperación policial que se saldó con el arresto del exgerente de la plataforma José Ricardo García Becerril (al que le encontraron 411.000 euros en metálico en su apartamento en Salou) junto a otros responsables de la sociedad pública. El presunto fraude consistió en la sobrefacturación de obras ejecutadas. La UTE Acciona-Mariano Pérez Navarro fijaba precios ficticios para facturar por encima de las tarifas de mercado a la empresa Plaza, según los investigadores.

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