El PSOE cree que las primas a juristas atentan contra la división de poderes

Toda la oposición política al PP y los sindicatos mayoritarios criticaron ayer unánimemente que la Comunidad de Madrid haya efectuado desde 2011 pagos periódicos a jueces, fiscales y secretarios judiciales por labores de asesoramiento. Los ha efectuado a través de la empresa Indra, donde el Estado tiene una participación del 20%.

Todos los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid pidieron ayer explicaciones al presidente regional, Ignacio González, y a su consejero de Justicia, Salvador Victoria, por estos pagos que ya investiga el Consejo General del Poder Judicial.

El Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) llegó a considerar un “gravísimo atentado” contra la separación de poderes el hecho de que la Comunidad de Madrid “pague primas a jueces” a través de una empresa privada.

El socialista Antonio Pradas, responsable federal del área de Justicia, opinó que este tipo de comportamientos “hacen que la ciudadanía desconfíe de la independencia judicial y de la ética de los Gobiernos”. “En la Comunidad de Madrid se hace urgente una regeneración ética y política”, recalcó.

El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, consideró por su parte un escándalo esos pagos a jueces y reclamó una investigación sobre los mismos.

UPyD interpretó que el Gobierno del PP, golpeado por distintas causas judiciales abiertas a sus exdirigentes relacionadas con la corrupción, busca impunidad a través de esos pagos a jueces que efectúa la contratista Indra por asesoramiento.

Pablo Casado, portavoz del comité de campaña del PP, se remitió ayer a las explicaciones del Gobierno regional, que no dijo nada públicamente sobre estas retribuciones a jueces.

El portavoz adjunto del Gobierno, José Luis Ayllón, declaró: “Si el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que va a investigar esta situación, bien estará que lo investigue”.

La compañía tecnológica Indra ganó hace cuatro años un concurso convocado por el Gobierno regional (PP) para implantar un servicio de asesoría y abona desde entonces distintas cantidades a profesionales de la justicia en Madrid, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Vieira, por sus consejos para desarrollar el nuevo sistema informático de tramitación judicial.

Las asociaciones de jueces se mostraron menos sorprendidas que partidos y sindicatos pues consideraron legal y habitual que los profesionales de la justicia cobren por las tareas de asesoramiento para implantar nuevas herramientas informáticas en la Administración.

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Pablo Llanera, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con 1.400 socios, consideró normales “y frecuentes” los pagos a jueces. “En los últimos años, las distintas comunidades autónomas han desarrollado sistemas informáticos, para lo que es necesaria la colaboración de profesionales. En todos los territorios donde se han implantado estos sistemas se ha contado, de la misma forma que en Madrid, con comisiones de profesionales que lo han hecho, y que han recibido contraprestación porque el trabajo es más que importante”.

Marcelino Sesmero, portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, asegura que el procedimiento es legal. “Una empresa privada puede pagar a un magistrado siempre y cuando cumpla los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No tiene sentido que Indra o la propia Administración se pueda beneficiar del trabajo de los jueces sin haber luego una retribución. Puede hacerse y es compatible. Se ha hecho siempre y en todas las comunidades”, declaró a Europa Press.

El Consejo General del Poder Judicial no tiene constancia de que el modelo madrileño de pagos a jueces por asesoramiento para incorporar la nueva herramienta informática se esté reproduciendo ahora en otras comunidades y ha pedido un informe de la Inspección sobre el caso.

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la Comunidad de Madrid, denunció la falta de transparencia en la asignación de dinero público a la Administración de Justicia. “Pagar a jueces por asesoramiento a través de una empresa privada daña la credibilidad en la independencia del Poder Judicial”, señaló el sindicato.