El Tribunal de Cuentas cita al ministro de Sanidad Alfonso Alonso

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo día 5 de marzo al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para que presente alegaciones y haga frente a 439.365 euros más los intereses de demora, de forma solidaria, con el equipo de Gobierno que dirigió como alcalde de Vitoria en la legislatura de 2003 a 2007. La providencia del tribunal describe que se trata de hacer frente a una "irregularidad" que se produjo durante su mandato al pagar por el alquiler de unas oficinas “un precio muy superior al de compra” por un tercero.

El contrato estaba blindado para 20 años y con un precio muy elevado

Las condiciones de ese contrato firmado en 2007 entre el exalcalde y Gonzalo Antón (un conocido empresario que presidió el Club Deportivo Alavés y que dirige varios restaurantes, entre ellos el afamado Zaldiaran) generaron tal escándalo en la ciudad que la oposición —el PP gobierna en minoría— constituyó una comisión de investigación, cuyas conclusiones se hicieron públicas el pasado abril. Una de ellas proponía la remisión del contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, tras constatar que perjudicaba a las arcas públicas.

El empresario compró una lonja en la céntrica calle San Antonio de Vitoria en enero de 2006 por 2,7 millones de euros y, a finales de ese mismo año, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Antón firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 años —cuando la petición inicial de la propiedad era de 10 años—. Los más de siete millones se dividían en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que costeó el presupuesto público. En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, además, con una cláusula de blindaje. Si se rompía el contrato, el Ayuntamiento debía pagar los 20 años íntegros.

Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electrónicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Antón escribió alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que había recibido de Hacienda —el concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto— no refeljaba la cantidad mensual negociada inicialmente y, a cambio, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC.

El Ayuntamiento de Vitoria fijó subidas del coste hasta nueve puntos sobre el IPC

La justificación que ofreció el Ayuntamiento en otro correo era que no le valía la propuesta del empresario porque comenzaba con mensualidades de 18.500 euros, IVA aparte, cuando los técnicos municipales habían emitido un informe que desaconsejaba pagar más de 10.100 euros al mes. ¿Cómo solventarlo? El Ayuntamiento reajustó las cuotas a 12.500 euros, IVA aparte, —más cerca de los 10.100 recomendados— y, para llegar a los 6,1 millones pactados, programó el pago de cuotas con esos incrementos de hasta nueve puntos anuales.

Hasta para la propiedad resultó difícil de digerir. En otro correo sus responsables sostenían: “Al objeto de que los aumentos porcentuales que se originan queden justificados creemos se debe incluir una cláusula en la que se indique que los mismos son a petición, o propuesta, del Ayuntamiento”.

Esas condiciones, precios y blindaje, fueron modificadas cuando saltó el escándalo al hacerse público el contrato en 2014. Maroto y Antón revocaron el blindaje y rebajaron el precio.

Fuentes de la corporación actual indicaron este jueves que esos hechos han prescrito y que las alegaciones irán en esa dirección. Según el actual ministro de Sanidad, es una citación a la institución y no personal a cada uno de los alcades o exalcaldes de Vitoria. Por eso, acudirá el abogado del Ayuntamiento para formular las alegegaciones.En este caso, las alegaciones del abogado dirán que los hechos están ya prescritos y, por eso, el Tribunal de Cuentas no podrá actuar ya sobre este asunto.