Imputados ocho guardias civiles por golpear a un inmigrante en Melilla

La actuación de la Guardia Civil en las vallas de Ceuta y Melilla ha supuesto, en menos de diez días, la imputación de 24 agentes. A los 16 citados la pasada semana por la tragedia de Tarajal, se han sumado ahora, según han informado este jueves fuentes jurídicas, otros ocho efectivos del Instituto Armado, a quienes el juez de instrucción número 2 de Melilla ha llamado a declarar por los golpes propinados a un inmigrante que intentaba saltar la alambrada de dicha ciudad el pasado 15 de octubre. Ese día, la ONG Prodein grabó cómo los guardias civiles rodearon y golpearon con las porras al extranjero, al que posteriormente llevaron en volandas y devolvieron a Marruecos. El colectivo denunció que el sin papeles había caído inconsciente. Una versión que negó el Ministerio del Interior en reiteradas ocasiones, incluido el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, que afirmó que fingía.

El instructor, Emilio Lamo de Espinosa, investiga un posible delito de trato degradante y, en el caso de demostrarse que el subsahariano sufrió heridas, otro delito de lesiones. Según consta en el auto, cita a estos ocho agentes para dirimir si "pudo producirse un empleo de la fuerza desproporcionado". "Es necesario determinar si el uso de la fuerza fue contrario a derecho, teniendo en cuenta que en la grabación aportada por la Guardia Civil, el inmigrante parece empuñar un garfio en la mano derecha", ha explicado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

A ese respecto, el abogado de tres de las ONG personadas en la causa, José Luis Rodríguez, ha destacado que dicho gancho lo utilizan los sin papeles para poder saltar la valla. "De hecho, si la Guardia Civil dice que intentó agredir a los agentes con este, ¿por qué no le detuvieron acusado de atentado?", se ha preguntado el letrado. En esa línea, en el auto, el instructor ha ofrecido a la Abogacía del Estado —que representa a los miembros del Instituto Armado— la posibilidad de que adoptase acciones "si considerara acreditada la perpetración de un delito" por parte del inmigrante, identificado por Prodein como Danny, un camerunés de 23 años.

Mientras tanto, Lamo de Espinosa ha imputado a estos ocho agentes, entre ellos un comandante, después de instar a la Guardia Civil a identificar a los efectivos que aparecen en las imágenes de vídeo captadas. Según ha destacado este jueves la acusación particular, en el auto también se pide al Instituto Armado que contacte con el hospital de Nador (Marruecos) para averiguar si allí el subsahariano agredido recibió asistencia médica, como relataron los colectivos sociales tras la intervención en la valla. Una actuación que defendió entonces la Delegación del Gobierno de Melilla: consideró comprensible que se actuara con "contundencia" al enfrentarse a "una avalancha masiva y violenta" de inmigrantes.

El juez investiga si "pudo producirse un uso desproporcionado de la fuerza" por parte de los agentes

"Desde el momento en que el Ministerio del Interior está permitiendo las devoluciones ilegales a Marruecos está poniendo a los pies de los caballos a los agentes. Porque, desde el momento en que se está actuando de forma presuntamente ilegal, se favorece que se produzcan actuaciones violentas", ha remachado José Luis Rodríguez. Porque en esta causa, además de los ocho guardias civiles citados ahora, también se encuentra imputado el máximo mando de la Comandancia de Melilla, el coronel jefe Ambrosio Martín Villaseñor. Precisamente, por las devoluciones en caliente de subsaharianos.

El instructor investiga si el mando derogó de facto los tratados internacionales y la legislación nacional en materia de extranjería durante los dispositivos policiales desplegados en la frontera el 18 de junio, el 13 de agosto y el 15 de octubre, cuando se retornaron sin papeles a Marruecos. Y, es más, con el objetivo de avanzar en estas pesquisas, el juez ha pedido al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla que localice a extranjeros que hubieran participado en los saltos ocurridos esas jornadas.

A su vez, según ha destacado este jueves la acusación particular, tras identificar ya a cuatro personas que superaron la valla el 13 de agosto, Emilio Lamo ha pedido al Ministerio de Empleo —responsable del CETI— que le informe sobre dónde se encuentran tres de ellas de las que desconoce su paradero. Y, paralelamente, respecto al cuarto sin papeles conocido, del que sí sabe su residencia, el magistrado ha tramitado al juzgado correspondiente la comunicación para que lo cite.