Cinco años de alijos en el aire

El recluso Juan José Llamas sale esposado de la prisión de Castellón II. Sube a un furgón policial que escolta un segundo vehículo de apoyo. Su destino es la Audiencia Provincial de Murcia. Es el testigo clave en un sumario de narcotráfico. Representa a la Policía Nacional. Comparece para ratificar atestados sobre escuchas, seguimientos y vigilancias determinantes para la investigación. Él, que lleva mes y medio encarcelado por un delito contra la salud pública —agravado por ser miembro de las fuerzas de seguridad—, por omisión del deber de perseguir delitos, por cohecho y supuesta falsedad documental. Porque el reo Juan José Llamas, antes de llegar a la celda el pasado 21 de diciembre —adonde lo envió la titular del Juzgado número 5 de Instrucción de Murcia, María Cristina Sanz Blas— junto a otros dos agentes y cinco narcotraficantes, fue durante más de un lustro el hombre fuerte de la lucha antidroga en Murcia.

Bajo su mando, el año pasado se incautó en la región una cuarta parte de la cocaína intervenida en España: 2.500 kilos. Hoy, la persecución judicial de todos sus alijos está en el aire. Ese día en la Audiencia, hace un par de semanas, la defensa de un narcotraficante pidió la nulidad de una de sus investigaciones sobre una pequeña incautación de cocaína. Alegó que la firma estampada en el atestado policial no vale nada. Es la de un acusado por narcotráfico y falsedad documental ingresado en la cárcel. La presunción de veracidad que la ley otorga a los funcionarios está quebrada.

En los próximos meses, el recluso Llamas repetirá el trayecto de la cárcel a la Audiencia para validar otras investigaciones, según las citaciones judiciales que preparan los magistrados. Y las fuentes jurídicas consultadas apuestan por que otros abogados seguirán la misma estrategia: tumbar las diligencias policiales es el camino más corto para anular un caso. Quedan decenas de alijos por juzgar que los tribunales arrastran de los últimos años.

La fiscal Maribel Neira, que tantas operaciones compartió junto al policía contra las bandas de narcos, ha acabado encarcelándolo. A Llamas, el mismo mando que en 2009 recibió la medalla roja al mérito policial por sus investigaciones.

El sumario sobre su arresto sigue secreto. Se le acusa de entregar cocaína a un confidente y de repartirse con él las ganancias de los trapicheos. En los pinchazos telefónicos aportados a la causa, se escucha cómo el pasado 15 de diciembre el jefe de la brigada de estupefacientes de Murcia llama a Nelson, según la investigación camello y confidente, para decirle: “Tengo 100 gramos, ¿cómo lo hacemos?”. A lo que su informante responde: “Me los das en mi casa”. Los seguimientos de Asuntos Internos comprobaron cómo ambos se dirigieron después en sus respectivos coches al domicilio del camello. A la mañana siguiente los agentes requisaron en su casa 100 gramos de cocaína. Los investigadores sostienen que era parte de un alijo de 7 kilos intervenido el 21 de noviembre a otros narcos y que el inspector Llamas había guardado en un armario, del que sólo él tenía llave. Cuando la Policía Científica se hizo cargo del alijo, dos de los siete paquetes estaban manipulados.

Juez y fiscal sostienen que hay otros dos agentes implicados, también imputados en la causa, y que los tres policías recibían dinero del camello, a cambio de la droga que le entregaban. En el auto que envió a la cárcel al jefe de la brigada de estupefacientes de Murcia el pasado 20 de diciembre, la juez alude a “numerosos alijos alterados en el peso y la presentación de la droga” desde que salen de la comisaría hasta que se analizan en Sanidad.

En la Jefatura Superior de Murcia sus compañeros y subordinados no acaban de creerse que este policía vocacional, con una hoja de servicios sin tacha, se haya corrompido. Describen a un profesional que extendía sus jornadas sin descanso hasta dar con los alijos. Uno de los mandos que compartió con Llamas investigaciones defiende la honradez de un hombre alejado del lujo. “Viaja en un carroza de 20 años, no se le conocen vicios, tiene una casa normalita...”

Acostumbrado a moverse en el pantanoso mundo de soplones y confidentes, la sospecha en Murcia es que el investigador condecorado pudo cruzar la raya. Es lo máximo que admiten sus compañeros. Durante los interrogatorios, el pasado diciembre, la instructora —que la semana pasada abandonó el juzgado número 5 de Murcia— le preguntó por un ingreso de 600 euros en su banco. El acusado alegó que era un anticipo concedido por una gran superficie comercial para compras de navidad. Sus cuentas inspeccionadas no registran grandes movimientos. Consta incluso algún crédito rápido para pagar los estudios universitarios de un hijo. A su nombre figura una vivienda modesta y un trozo de terreno con sus hermanos que es parte de una herencia.

Desde que estalló el caso, Llamas ha negado rotundamente a sus compañeros de Asuntos Internos y a la juez que pagase con droga a sus informadores. Desde navidades sigue en una celda protegida de la prisión de Castellón II, separado de algunos de sus detenidos. En la cárcel, una medalla policial no da derecho a más.