Libertad bajo fianza para los anarquistas de la Operación Pandora

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la puesta en libertad de los siete anarquistas encarcelados el pasado diciembre en la llamada Operación Pandora. El magistrado decreta su excarcelación después de que hayan depositado los 3.000 euros de fianza que les impuso este mismo viernes. Los siete, imputados por integración en organización terrorista, entre otros delitos, estarán sujetos a medidas cautelares como la obligación de presentarse todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado más próximo a su domicilio y la entrega del pasaporte.

Los liberados pertenecen supuestamente a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) y se les atribuye la colocación de diversos artefactos explosivos de fabricación artesanal en diversos lugares de España.

La Operación Pandora se desarrolló el 16 de diciembre en Madrid, Barcelona, Manresa y Sabadell. En ella fueron detenidas 11 personas, siete mujeres y cuatro hombres, de entre 31 y 36 años y de nacionalidades española, uruguaya, italiana y austriaca.

El juez se refería en su auto de prisión a un informe policial que sostiene que los GAC son una organización de carácter terrorista. Los investigadores se basaban en “decenas de indicios tanto de la unidad ideológica, como de la estrategia para desestabilizar el Estado y alterar gravemente la paz pública”.

Estos grupos, añadía el auto, “actúan siempre de forma violenta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la propiedad particular”. También se les acusa de provocar “graves enfrentamientos con la policía” y de “agredir a todo aquel que les haga frente, imposibilitando así la convivencia normal de los ciudadanos, a los que atemorizan alterando gravemente la paz pública”.

Según el auto, durante la investigación “se ha constatado la existencia de estructuras burocráticas y organizativas internas, realización de publicaciones y formas de comunicación” en estos grupos.

Los investigadores relacionan a los detenidos con diversos atentados perpetrados en los años 2012 y 2013, en especial con la colocación de explosivos en cajeros automáticos de sucursales de bancos italianos. También se atribuye a la misma organización, bajo el nombre Comando Insurreccional Mateo Morral, la colocación de un explosivo en la catedral madrileña de La Almudena, el 7 de febrero de 2013. A este grupo se le vincula también con la bomba que explotó en la basílica de El Pilar en Zaragoza. Las dos bombas eran de fabricación casera y en ninguno de los dos casos se registraron heridos. Fuentes cercanas al caso apuntan que el grupo pretendía, además de cierta publicidad, causar el terror entre los feligreses en ambos templos.