El juez archiva el caso del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre
El magistrado duda de la versión de los agentes que intentaron multar a la popular


El magistrado del Juzgado de Instrucción 14 de Madrid, Carlos Valle, ha decidido archivar el caso del incidente de tráfico protagonizado en abril del año pasado por Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Según el juez, no ha quedado suficientemente acreditada la desobediencia y las lesiones por imprudencia que se le achacaban a la también presidenta del PP madrileño. Aguirre se ha ofrecido como candidata de los populares en Madrid para las municipales de mayo y una condena hubiera puesto en jaque sus aspiraciones.
Este caso se remonta a abril de 2014, cuando se produjo un enfrentamiento entre Aguirre y varios agentes de movilidad que intentaron multar a la popular por aparcar en un carril bus de la Gran Vía madrileña. Tras investigar el caso, el magistrado instructor entiende que tampoco son constitutivos de infracción penal los daños a la motocicleta que pilotada uno de los agentes, que Aguirre golpeó con su coche al marcharse del lugar. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o bien de apelación en el plazo de cinco.
El instructor sostiene, en el auto de sobreseimiento provisional, que existe una "frontal oposición" entre las versiones de los agentes de movilidad que denunciaron a Aguirre y la de la expresidenta popular. "La denuncia inicial ha sido rebatida por la denunciada, existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas serias acerca de la credibilidad de estos", apunta el juez.
Fue uno de los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid el que interpuso la denuncia contra Aguirre. En su escrito relataba que, el tres de abril, sobre las 16:15, se localizó al vehículo de la expresidenta estacionado en el carril bus a la altura del número 44 de la Gran Vía de la capital. Los agentes de movilidad comenzaron a tramitar la denuncia contra Aguirre. Pero, en un momento dado, la expresidenta decidió marcharse. Al salir del lugar, golpeó la motocicleta de uno de los agentes, que dieron la orden de alto a Aguirre.
Tras la investigación realizada, el juez no duda de que los agentes dieran el alto a la expresidenta. Pero sostiene que "no ha quedado acreditado" que la denunciada "se percatase de la orden de detención que se le daba". Por lo tanto, el magistrado entiende que no se puede hablar de desobediencia. Para llegar a esta conclusión el juez recurre a la declaración de un policía municipal que presenció la escena. Y que sostuvo que tampoco se percató de la orden de alto de los agentes de movilidad.
Respecto a la motocicleta que golpeó la responsable popular, el juez afirma que los daños provocados no son constitutivos de delito. El archivo de este caso aún puede ser recurrido.
En mayo del pasado año, este mismo juez de instrucción rechazó imputar a Aguirre. Entendía ya entonces que no había delito de resistencia ni falta de daños. Según su interpretación, este asunto debía resolverse como un juicio de faltas, lo que evitaría que la expresidenta tuviera que acudir al juzgado a declarar.
Pero, en cuatro meses, la Audiencia Provincial corrigió al juzgado y ordenó que el caso se tramitara como un delito. Aguirre tuvo que ir a declarar como imputado por un delito de desobediencia en septiembre. Tras concluir la instrucción, el magistrado considera ahora que no hay suficiente base para condenar a la popular por ese delito.
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