El tribunal alerta del vacío legal sobre las donaciones digitales a los partidos

El Tribunal de Cuentas alerta del vacío legal sobre la financiación de los partidos políticos a través de donaciones privadas realizadas a través de plataformas digitales de financiación colectiva, conocida como crowdfunding, y ha emplazado al Parlamento a regular este tipo de colectas, utilizadas por ejemplo por Podemos para financiar su campaña de las elecciones europeas.

Esta es una de las recomendaciones que incluye el órgano fiscalizador en el informe en el que analiza los gastos en los que incurrieron las distintas formaciones durante la campaña electoral de los comicios europeos del pasado 25 de mayo.

El Tribunal de Cuentas urge a regular el crowdfunding, tanto en el ámbito de la actividad electoral como en el de la ordinaria de los partidos, atendiendo a sus especificidades respecto al medio que se utiliza para la captación de fondos, como las dificultades que ha observado para identificar la procedencia de estas donaciones.

El Tribunal de Cuentas detectó “deficiencias” e “incoherencias” en la contabilidad de Podemos para las pasadas elecciones europeas y reflejó que casi 50.000 euros donados por particulares no fueron debidamente identificados. El responsable de Finanzas de Podemos, Segundo González, aseguró que, tal como expusieron en sus alegaciones, la cuenta de Paypal en la que reciben las donaciones por crowdfunding no exige los mismos datos que requiere el Tribunal de Cuentas para identificar a los donantes. Es decir, que las donaciones digitales no reflejan el nombre, apellido, DNI y domicilio del donante, datos que sí requiere el tribunal, tal como respondieron al órgano fiscalizador.

De hecho, 57 de esos ingresos, que supusieron una aportación al partido de 886,12 euros, incumplen la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) porque no contemplan ninguno de los requisitos de identificación que la norma requiere, según refleja el informe del tribunal y admite Podemos.

Además de la regulación del crowdfunding, el organismo, en su informe remitido a las Cortes, propone el desarrollo normativo que considera necesario para precisar los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales en función de lo que ya establece la Ley de Financiación de Partidos.

Sugiere la conveniencia de que, en el actual contexto económico y social, los partidos limiten su inversión a la “imprescindible” para la campaña, “ajustándose a una interpretación estricta de los conceptos subvencionables”.

Así, aconseja que se introduzcan elementos de control interno “que garanticen la selección de la oferta económicamente más ventajosa en relación con aquellas operaciones que representen una importancia relativa sobre el volumen de los gastos declarados, bien por su cuantía individual o por su concentración en un mismo proveedor”. Ese control interno también debería servir para adoptar las medidas necesarias con el fin de facilitar al Tribunal de Cuentas la “adecuada comprobación documental del detalle de las operaciones que integran los conceptos de gastos facturados para la campaña electoral”.