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ANÁLISIS

Cristina de Borbón ya sabe que la Ley es igual para todos

El auto del juez José Castro no puede ser recurrido

La Infanta tendrá que esperar al juicio para intentar no continuar en el banquillo

La infanta llega al funeral del presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, el 22 de abril de 2010 en Barcelona.
La infanta llega al funeral del presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, el 22 de abril de 2010 en Barcelona. AFP

El rey Juan Carlos pronunció en su discurso navideño de 2011 una frase que muchos esperaban oír: “La Ley es igual para todos, y la ejemplaridad debe ser una meta para los cargos públicos. Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la Ley”.

Tres años después, su hija Cristina de Borbón se sentará en el banquillo acusada de dos delitos fiscales por los negocios ilegales de su marido, Iñaki Urdangarin, de los que se benefició la Infanta a través de Aizoon, la empresa cuya propiedad compartía al 50% con su esposo.

Cuando don Juan Carlos pronunció esa frase, su hija aún no estaba imputada en el caso Nóos, un proceso judicial que ponía bajo sospecha a la institución monárquica.

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres montaron a finales de 2003 un negocio, el Instituto Nóos, basado en el tráfico de influencias –administraciones públicas les adjudicaban a dedo contratos para organizar eventos sin control alguno sobre el precio fijado ni sobre los gastos reales de esos actos-. Nóos se presentaba ante los gobiernos del PP como una entidad sin ánimo de lucro en cuya junta directiva figuraban, junto a Torres y Urdangarin, la infanta Cristina y su secretario, Carlos García Revenga.

Con esas credenciales, Nóos organizó entre 2004 y 2006 cinco eventos –dos para Baleares y tres para la Comunidad Valenciana- por los que cobró casi seis millones de euros, aunque los gastos reales de organización no superaron el 20% del total, según la investigación. El 80% restante fue a parar a empresas con ánimo de lucro creadas por Urdangarin y Torres, que facturaban servicios inexistentes al Instituto Nóos para la organización de eventos, según las conclusiones del juez y el fiscal del caso.

Entre las sociedades que se beneficiaron del desvío de dinero público figuraba Aizoon, la empresa familiar creada por Urdangarin y Cristina de Borbón.

El juez y el fiscal entendieron en 2012 que Cristina de Borbón no había participado de las decisiones que tomaba el Instituto Nóos pues aunque formaba parte de su junta directiva nunca asistió a sus reuniones y por tanto desconocía las prácticas corruptas de su marido, Iñaki Urdangarin, y del socio Diego Torres.

Alertado en 2006 por una pregunta parlamentaria de los socialistas de Baleares sobre los contratos adjudicados a dedo al Instituto Nóos, el rey Juan Carlos logró que su yerno dejara el negocio. A partir de ese momento, los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana también dejaron de celebrar ese tipo de eventos pagados con dinero público.

Urdangarin cambió entonces su manera de ganarse la vida y pasó a formar parte de casi una decena de consejos de administración de distintas empresas, un trabajo con el que conseguía ingresar cientos de miles de euros al año. Pero en lugar de declarar esas rentas a Hacienda en el IRPF, lo hacía a través de su empresa Aizoon, mediante el impuesto de sociedades. Así se ahorraba mucho dinero en impuestos, desgravándose además por distintos gastos de su empresa que no correspondían a la actividad de la misma.

Analizado el caso, la Agencia Tributaria consideró que esta sociedad era una tapadera creada por Urdangarin para defraudar al fisco.

Cuando el juez José Castro ordenó levantar el velo sobre Aizoon, una práctica jurídica consistente en deducir que las consecuencias de los actos jurídicos de una entidad mercantil se pueden extender a los administradores de la misma, el nombre de Cristina de Borbón, hasta entonces fuera del proceso judicial, fue incluido en abril de 2013 entre la lista de imputados.

Castro había visto en la conducta de la Infanta, administradora de Aizoon junto a su marido, indicios suficientes de un delito de blanqueo de capitales y otros dos delitos fiscales por los que debía ser juzgada. Cristina de Borbón había utilizado el dinero que Urdangarin ingresaba en Aizoon para gastos particulares.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, entendió que la infanta no era responsable de los manejos de su esposo ni conocía las prácticas ilegales de Urdangarin para defraudar al fisco. La Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado compartieron esta tesis e informaron contra la imputación de la infanta en sus conclusiones sobre la empresa Aizoon.

El juez Castro se encontró con el rechazo de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la primera imputación de la infanta, pero se coló por la puerta abierta que dejaron los tres magistrados de esa institución judicial para investigar a Cristina de Borbón por delitos fiscales y acabó imputando de nuevo a principios de 2014 a la hija del Rey Juan Carlos.

Esa segunda imputación, que solo apoya la acusación popular de Manos Limpias, sentará a Cristina de Borbón en el banquillo junto a su marido, al socio de este y a ex cargos públicos de los Gobiernos de Baleares, Comunidad Valenciana y Ayuntamiento de Madrid.

En España resulta controvertido juzgar a alguien por un delito del que no le acusa ni el perjudicado directo del mismo (acusación particular) ni el ministerio fiscal. El Tribunal Supremo dictó dos sentencias contradictorias en este sentido relacionadas con el caso Botín (archivada la causa porque solo pedía condena la acusación popular) y el caso Atutxa (condenado tras la única petición de la acusación popular).

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta controversia sin aclarar cual es el criterio a seguir, pues argumentó que el caso Botín y el caso Atutxa eran distintos y, por tanto, no se podían juzgar de la misma forma.

El desenlace definitivo de esta última polémica judicial antes de que Cristina de Borbón sea examinada en juicio oral corresponderá al tribunal encargado de la vista. “Contra esta resolución”, escribió el juez José Castro, “no cabe recurso alguno pudiendo reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas”.

La Ley, como dijo el Rey Juan Carlos en su discurso navideño de 2011, es igual para todos. Su hija ya lo sabe.

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