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Pulso al Gobierno del Poder Judicial

El cese de Torres Dulce y la protesta del Supremo destapan las injerencias del Ejecutivo

Lesmes, el pasado noviembre en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
Lesmes, el pasado noviembre en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados EL PAÍS

El Gobierno tiene a las principales instituciones judiciales del país al borde de la rebelión. La sala clave del Tribunal Supremo ha hecho público su rechazo al intento de injerencia del Ejecutivo en decisiones relacionadas con la excarcelación de etarras; la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, antes de finalizar su mandato, ha extendido la sospecha sobre el intento de manipulación por parte del Gobierno en esta institución; el Consejo General del Poder Judicial, en plena tormenta tras sacar a concurso la plaza del juez que investiga la corrupción del PP, ha tenido que aplazar la renovación de sus principales órganos por la oposición de una parte de sus vocales.

El Supremo vivió este jueves una jornada inquietante. Un grupo de magistrados de la Sala de lo Penal se juntó a primera hora para recoger firmas de protesta contra las injerencias del Gobierno. La iniciativa, insólita en la historia del tribunal, terminó a mediodía con éxito notable para los promotores de la queja: 13 de los 18 magistrados de esa sala firmaron un comunicado que simboliza su descontento con el Ejecutivo.

La Sala de lo Penal del Supremo se encarga de las causas de terrorismo y de las relacionadas con la corrupción de la clase política, entre otras. La recogida de firmas de los magistrados evidencia su hartazgo ante el supuesto intento de manipulación por parte del Gobierno en un tema, el terrorismo de ETA, especialmente sensible para la opinión pública.

La excarcelación de etarras decidida por la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicación de una decisión marco europea, destapó la indignación del Ejecutivo, que a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que esa decisión de la Audiencia sería corregida por el Supremo.

El presidente de la Sala de lo Penal de este tribunal, Manuel Marchena, se apresuró a convocar un pleno en el que supuestamente se iba a fijar el criterio para enmendar a la Audiencia. “A través de un recurso de otro preso etarra, al que se había denegado la acumulación de condenas, pretendían fijar criterio y, de paso, derogar la excarcelación de Santi Potros. Esas trampas no pueden admitirse en el Supremo”, explica un juez. El pleno convocado por Marchena no resolvió nada, aplazó la decisión a enero y escenificó la fractura en la Sala. Uno de los magistrados aprovechó la ocasión para expresar el profundo malestar con el Gobierno.

Las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, donde sugería que las decisiones judiciales de acumulación de condenas a etarras eran prevaricadoras agotaron la paciencia de magistrados del Supremo, poco habituados a discrepar públicamente del Ejecutivo.

“La nota de protesta es fruto del hartazgo. El Gobierno está legislando contra la doctrina del Supremo con la idea de que no pasa nada porque controla todas las instituciones judiciales. Lo hizo al introducir una enmienda en el Senado para evitar la aplicación de la decisión marco europea sobre acumulación de condenas; lo intenta ahora con una reforma legal que permita la intervención de comunicaciones sin autorización judicial pese a toda la jurisprudencia que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en contra de esa posibilidad, y también proyecta cambios en relación con las pruebas de ADN contra el criterio de este tribunal”, señala un magistrado. Otro resume así la situación: “La falta de respeto del Gobierno a la autonomía de las instituciones judiciales ha desencadenado esta reacción en los principales órganos del Poder Judicial”.

La dimisión de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general antes de terminar su mandato extiende la sospecha del intento de control por parte del Gobierno sobre otra pieza estratégica en la administración de justicia. “El Ejecutivo se equivocó al nombrar a Torres-Dulce y no entendió que en una institución tan jerárquica, el fiscal general no impusiera su criterio en relación con la querella contra el Gobierno catalán por la consulta ilegal del 9-N. Si el Gobierno quería controlar esa instancia, eligió a la persona equivocada. Además, la dimisión le ha estallado en la cara al crear la imagen de que Torres-Dulce se ha ido por la falta de independencia”, señala un ex alto cargo judicial.

El Gobierno de los jueces también sufre la inestabilidad del juego político. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, deberá tramitar la queja de los magistrados del Supremo cuando en el órgano que preside hay otro incendio mayor. Los vocales progresistas se niegan a que Lesmes imponga la continuidad de los seis miembros de la comisión permanente, órgano clave del organismo que debe ser renovado cada año.

La última decisión de la Comisión Permanente de convocar la plaza que ocupa Pablo Ruz, juez instructor del caso Gürtel y del caso Bárcenas, ha dejado la sospecha del intento del Gobierno del PP de sacar de la Audiencia Nacional al magistrado que más daño puede hacer a su imagen por las investigaciones que dirige.

División total sobre la excarcelación de etarras

Los 18 magistrados que conforman las distintas secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunieron el mes pasado en pleno para deliberar sobre cómo resolver los recursos de etarras presos que pedían, en aplicación de una decisión marco europea de 2008, que se les computaran los años pasados en cárceles francesas para descontárselos del cálculo de cumplimiento máximo de sus penas en España (30 años).

Los jueces de la Audiencia Nacional que debatieron sobre la cuestión conocían una sentencia del Supremo (dictada en marzo con la unanimidad de los cinco magistrados de la sala) favorable a la acumulación de las penas cumplidas en otros países comunitarios, en ausencia de legislación española que recogiera la decisión marco europea. La deliberación de la Audiencia Nacional se produjo el pasado noviembre, cuando ya se había aprobado en las Cortes la trasposición de la decisión marco europea, aunque la Ley todavía no había entrado en vigor.

La nueva norma establece una condición temporal en su disposición adicional única: "En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010".

Esa disposición adicional dejaba sin efecto la decisión marco europea para los terroristas de ETA presos que habían recurrido. La división de opiniones entre los 18 jueces de la Audiencia Nacional fue absoluta: nueve frente a nueve. La reunión no sirvió para fijar un criterio claro sobre cómo actuar. Unos días después, a principios de diciembre, llegaron los primeros autos judiciales: la sección primera de la Audiencia aceptaba acumular condenas y excarceló a dos etarras; la sección segunda, con un voto particular, rechazaba descontar los años cumplidos en Francia del cumplimiento máximo de la pena en España.

En el Supremo, la división es parecida. Cinco magistrados se pronunciaron a favor de acumular penas en el caso Urrusolo Sistiaga (marzo de 2014), pero el pleno de la Sala de lo Penal (15 magistrados) estudió el pasado martes un recurso de Pedro José Picabea por idéntico motivo que dejó pendiente de resolver tras un largo debate en el que la fractura resultó evidente.

Entre los terroristas afectados están algunos de los más sanguinarios.

SANTIAGO URRUSOLO SISTIAGA (17 años preso). Acusado de 16 asesinatos. Miembro del Comando Madrid. Detenido en 1997 en Francia, donde cumplió cinco años de prisión. Entregado a España en 2002 y condenado a 832 años de cárcel. El Supremo acordó en marzo de 2014, por unanimidad de sus cinco magistrados y en aplicación de la normativa marco europea, descontar a Urrusolo los cinco años que pasó preso en Francia del máximo de 30 años de cumplimiento en España (según la legislación aplicable a este terrorista). Todavía sigue preso.

PEDRO JOSÉ PICABEA UGALDE. KEPA DE HERNANI (20 años preso). Acusado de 24 asesinatos y dos secuestros, condenado en distintas causas a cientos de años de cárcel. Detenido en 1994 en Francia, donde estuvo preso hasta 2001 cuando fue extraditado a España para juzgarle por múltiples asesinatos. La Audiencia Nacional (sección tercera de lo Penal) le denegó en septiembre pasado la acumulación de condenas y rechazó restar los siete años que pasó preso en Francia de los 30 años de máximo cumplimiento en España. Picabea recurrió al Supremo, que resolverá supuestamente en enero.

ALBERTO PLAZAOLA (Cumplió 24 años de prisión, en libertad). Condenado por dos asesinatos frustrados y estragos a 46 años de cárcel. Detenido en 1990 en Francia, donde estuvo preso hasta 1996 cuando fue entregado a España. La sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional acordó, por unanimidad, descontarle esos seis años del máximo de cumplimiento de sus penas en España. Fue excarcelado el 4 de diciembre de 2014.

SANTIAGO ARRÓSPIDE, SANTI POTROS (Cumplió 27 años de prisión, en libertad). Condenado a 790 años de cárcel por ordenar el atentado de Hipercor que costó la vida a 21 personas. Detenido en 1987 en Francia, donde pasó 13 años preso. Extraditado a España en 2000. Ha pasado 27 años encarcelado entre Francia y España. La sección primera de la Audiencia Nacional acordó el pasado 2 de diciembre, descontarle de la pena máxima a cumplir en España (30 años), el tiempo que pasó preso en Francia (13 años). Fue excarcelado el pasado 4 de diciembre.

RAFAEL CARIDE SIMÓN (21 años preso). Ideólogo del atentado de Hipercor (21 muertos y 45 heridos), en el que participó. Condenado a 790 años de cárcel. Detenido en 1993 en Francia, donde estuvo preso hasta 2000, cuando fue entregado a España para ser juzgado por sus crímenes en este país. La sección primera de la Audiencia Nacional acordó el pasado 2 de diciembre, acumular el tiempo de condena en Francia (siete años), al cómputo sobre el máximo de cumplimiento en España (30 años).

Francisco Múgica Garmendia, Pakito (22 años preso). Condenado a 2.354 años de cárcel por el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, con 11 muertos (cinco niños) y 88 heridos. Detenido en 1992 en Francia, donde pasó ocho años preso. Fue extraditado en 2000 a España, donde continúa en prisión. La sección primera de la Audiencia Nacional acordó por unanimidad restarle los ocho años que pasó en la cárcel francesa del máximo de cumplimiento que le corresponde en España (30 años). Sigue en prisión.

Ignacio Bilbao Beaskoetxea (22 años preso). Condenado a 109 años de cárcel por dos asesinatos. Detenido en 1992 en Francia, donde estuvo preso hasta 1999 cuando fue extraditado a España. La sección segunda de la Audiencia Nacional (por dos votos a favor y uno en contra) denegó al terrorista restarle del máximo de cumplimiento de su pena en España (30 años) el tiempo que pasó en las cárceles francesas (siete años).