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Todos los grupos se alejan de un pacto sobre el Código Penal

La oposición rechaza puntos esenciales y el ritmo impuesto por el Partido Popular

Después de más de un año varado en el Congreso, el Partido Popular (PP) ha decidido acelerar al máximo la tramitación del Código Penal. Y salvo cambios de posición no previstos, todo parece indicar que la trascendente reforma legal no será fruto de un pacto global entre los partidos, según se puso de manifiesto el martes en la primera reunión de la ponencia.

Puntos clave

  • Prisión permanente. Para delitos muy graves se revisará la pena a los 25 0 35 años, con posibilidad de mantenerse de por vida. En este momento son hasta 40 años para esos delitos.
  • Faltas. El Gobierno asegura que despenaliza las faltas, cuando en realidad una parte se convierte en delitos menos graves y otras en sanciones administrativas en la ley de seguridad ciudadana.
  • Anticorrupción. El Ejecutivo ha incluido un aumento de penas para delitos vinculados a la corrupción, la tipificación del delito de financiación ilegal de partidos y aumento de los plazos de prescripción.

Todos los grupos de la oposición presentes en la ponencia (PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural y Grupo Mixto) están muy lejos de las posiciones del Gobierno. Lo están por razones de calendario por considerar que el PP pretende imponer un ritmo imposible y, sobre todo, por discrepancia con el contenido del texto que en septiembre de 2013 remitió a la Cámara el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

De entre todos los puntos rechazados el más controvertido es el de la prisión permanente revisable. Ninguno de los partidos presentes en la ponencia salvo el PP respalda esta medida que, según explica el diputado del PSOE Manuel de la Rocha supone en la práctica una forma de cadena perpetua. En este momento ya hay penas de 40 años sin remisión alguna para delitos muy graves y por eso los grupos lo ven innecesario.

El PP les anunció el martes que ni renuncia a esta medida, ni a sacar las faltas del Código para convertirlas en sanciones administrativas o delitos menos graves. Este punto es rechazado por todos como explicó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en Radio Nacional. El PP comunicó que solo renuncia a las medidas de seguridad posteriores a la condena que fueron criticadas por los expertos que comparecieron hace meses y este miércoles presentará una propuesta nueva.

Respecto al calendario, el PP ha anunciado que deberá aprobarse en el Pleno del Congreso que se reunirá de forma extraodinaria los días 21, 22 y 23 de enero. De ahí irá al Senado para concluir la tramitación.

La oposición sin excepción entiende que es imposible en solo tres reuniones de ponencia estudiar 300 artículos con 889 enmiendas presentadas por todos los grupos. Consideran que después de tener frenado el proyecto de ley es una “irresponsabilidad” imponer ese calendario.

Para Irene Lozano (UPyD) ese calendario impide “tratarlo con la calma requerida” y para José Luis Centella (Izquierda Plural) el PP “hace uso de forma autoritaria de su mayoría absoluta para dejar atadas demasiadas cosas y el pueblo puede desatascarlas después de las elecciones, aunque llevará mucho trabajo desandar lo hecho”.

El PP rechazó el martes en la Junta de Portavoces estas objeciones e impuso su calendario.

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