El PP rechaza la inamovilidad de instructores de casos complejos

El complicado futuro del juez Pablo Ruz y las dudas sobre su continuidad en la instrucción del caso Gürtel llegó al Pleno del Congreso. El asunto situó a un lado al PP y al otro, al resto de la Cámara defendiendo la inamovilidad de los jueces que investigan causas complejas, especialmente las que tienen que ver con importantes casos de corrupción.

A instancias inicialmente del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares se sometió a votación una propuesta de resolución que instaba al Gobierno a pedir al Consejo General del Poder Judicial que “garantice la continuidad en el ejercicio jurisdiccional de aquellos jueces que en la actualidad instruyen procesos de gran complejidad y trascendencia pública como los vinculados a tramas de corrupción política”.

Sin citar expresamente a Ruz, se hablaba de aquellos jueces que “por imperativo legal hubieran de cesar por las razones orgánicamente establecidas con el objetivo de que se mantengan en sus funciones, en colaboración con aquellos que resultaran titulares de los órganos jurisdiccionales afectados”. La iniciativa estaba incluida en las propuestas de los grupos que se aprueba con la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial. Tenía un valor simbólico porque no se refería a ningún caso concreto y, sobre todo, porque el Congreso no tiene capacidad para obligar al Poder Judicial a decisión alguna, pero suponía forzar a todos a pronunciarse en la votación. La propuesta fue rechazada con los votos del PP frente a todos los demás.

El Poder Judicial decidió sacar a concurso la plaza que ocupa Ruz y él deberá decidir si solicita antes de marzo permanecer como juez de apoyo y, por tanto, a expensas de que el futuro titular del juzgado número cinco decida qué sumarios le permite mantener. En defensa de la iniciativa, Llamazares se dirigió al Gobierno y al PP desde la tribuna para asegurar: “No les vale ningún juez, lo que no les vale es la justicia. Quieren impunidad”. Según el diputado, “es piedra de escándalo la actitud del Gobierno y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial”. En su opinión, el presidente, Carlos Lesmes, “se ha encargado de desapoderar al Pleno de sus competencias y convertirlo en un Parlamento bis”.

Atiende a un proceso ordinario y normal de cobertura de plazas Rafael Catalá, ministro de Justicia

El PSOE, además, anunció que ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de Lesmes. “Han puesto fecha de caducidad al juez Ruz y le han situado conscientemente al borde del precipicio", clamó la portavoz del PSOE en Justicia, Rosa Aguilar. Las peticiones tendrán que pasar por el filtro de la Mesa del Congreso y de la Comisión en las que el PP tiene mayoría absoluta.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insistió en Telecinco en la denuncia sobre “injerencias y presiones” del Gobierno y del PP sobre el Poder Judicial para determinar el futuro del juez Pablo Ruz.

El ministro de Justicia calificó de “impecable” el acuerdo del Poder Judicial y añadió que “asegura la continuidad de la instrucción de los asuntos”. Según dijo, "atiende a un proceso ordinario y normal de cobertura de plazas" y responde a un acuerdo general, no para un caso concreto, por lo que cree que da normalidad al sistema de provisión de plazas en la Carrera Judicial. “Las plazas deben cubrirse por procedimientos establecidos en la Ley del Poder Judicial y por tanto lo extraordinario es una situación de comisión de servicios prolongada durante mucho tiempo", aseguró.

Las organizaciones que se querellaron en la Audiencia Nacional por el 'caso Bárcenas --IU, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad-- anunciaron que promoverán movilizaciones para denunciar los "múltiples obstáculos" que aseguran que está sufriendo el proceso, incluyendo la decisión sobre Ruz.