Malhadada intromisión

Los presos de ETA siguen siendo una “cuestión sensible” para el Gobierno, como ha reconocido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su homóloga francesa, Christiane Taubira, en la cumbre hispanofrancesa del lunes en París y, por tanto, objeto de tratamiento discreto por las pasiones que suscita en la opinión española. Pero sobre la mesa está el interés de Francia por que los presos etarras, que ya han cumplido su condena por los delitos cometidos en Francia, 56 del casi centenar, la terminen de cumplir en España, tras la reciente aprobación por las Cortes españolas de la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la UE. El tema, abordado informalmente en la cumbre del lunes, se precisará en una bilateral específica en enero, y tendrá un tratamiento judicial “caso por caso”.

Pero la discreción del Gobierno ha dado paso a la intromisión judicial en el asunto de la acumulación de las penas cumplidas en Francia por parte de los presos etarras. Una sentencia del Tribunal Supremo de marzo dictó que la pena cumplida por los presos etarras en Francia se descontara de su condena, lo que permitió la excarcelación de la etarra arrepentida, Carmen Gisasola a la que podrían seguir varias decenas más.

Ante el temor de una reacción como la que suscitaron las excarcelaciones por la anulación de la doctrina Parot, la mayoría del PP ha introducido una enmienda en la tramitación de la ley de reconocimiento mutuo en las Cortes que entra en vigor hoy y complica la sentencia nítida del Tribunal Supremo de marzo.

La consecuencia de la intromisión del Ejecutivo en el Judicial es la de malestar en la judicatura por un “embarullamiento interpretativo”, que diría Forges. De modo que la sección primera de la Audiencia Nacional aprobó la acumulación de condenas y la segunda, lo contrario. Ahora. previsiblemente, se volverá al principio y el Supremo tendrá que unificar doctrina.