El juez Ruz, punto...y seguido

El juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del caso Gürtel: 43 imputados, participación de dos personas -la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, y Gema Matamoros, esposa del ex alcalde Guillermo Ortega, - y de un partido, el PP, a título lucrativo. 

Es decir: se beneficiaron del resultado de actividades consideradas ilícitas por el juez.

Los viajes y otras dádivas con que la trama Gürtel favoreció a Jesús Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, Ana Mato y su familia, aparecen enumerados minuciosamente. Son diecisiete folios sobre los 205.

El juez ha sobreseído a tres personas. Entre ellas el ex ministro y ex secretario general, Ángel Acebes, en la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital.

Aunque concluye una parte importante de la investigación, le queda al juez todavía terminar los hechos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares (pieza principal) y la contabilidad B del Partido Popular, correspondiente a la pieza de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013.

Pero ya en este auto de conclusión, Ruz anticipa, como lo hiciera en múltiples resoluciones, la existencia de la contabilidad B del PP.

Ruz escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos". 

Pero, atención, este es otro capítulo, queda pendiente.

Luis Bárcenas aparece como imputado en esta parte troncal que acaba de concluir por su presunta participación en los delitos cometidos por la trama de Francisco Correa. En negocios y cobro de comisiones.

Y, además, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, son protagonistas, en esta parte de la investigación, en su relación con operaciones utilizadas por Bárcenas para ocultar su patrimonio en Suiza.

Es el caso de la compraventa simulada de obras de arte en Argentina. Uno de sus cooperadores, Edgardo Patricio Bel, es denunciado ante la justicia argentina, por el diseño de la operación de "venta ficticia" de cuadros a la pintora argentina Isabel Mackinlay, según se refleja en el auto.

He aquí un resumen a vuelo de pájaro de la investigación: más de 100 imputados han prestado declaración en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan más de 80 tomos, cursadas a 21 países, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.

Aunque no se dice, una parte importante de la investigación arranca de aquella lejana comisión rogatoria enviada por el juez Baltasar Garzón el 2 de marzo de 2009 a Suiza. Es una ironía que la mayor parte de la información sobre el patrimonio oculto de Bárcenas proceda de esa petición de auxilio judicial por el juez que sería inhabilitado.

Dicha petición de auxilio judicial a Suiza tuvo que ser, más tarde, complementada por el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, en abril de 2010.

Fue a raíz de la advertencia de las autoridades de inteligencia financiera helvéticas sobre la ampliación del límite de la tarjeta VISA solicitada por Luis Bárcenas en febrero de 2010. El tesorero del PP era una persona que por su condición de senador figuraba en una lista de clientes del LGT Bank (ex Dresdner, Ginebra) como PEP o Personas Expuestas Políticamente.

Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

El juez da al ministerio Fiscal y a las partes acusadoras el plazo de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o pidan diligencias complementarias.

Un juez en comisión de servicios

Hay que recordar que el juez Ruz es un juez en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho juzgado es Miguel Carmona. Dicho magistrado se encuentra en situación de servicios especiales en Londres.

Las comisiones de servicios, como la que ejerce Ruz, están reguladas por la ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero de 2011.

Según el artículo 350 de la ley Orgánica el "Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro". Las prórrogas son de seis meses.

Por tanto: las comisiones de servicios tienen una duración máxima de dos años.

¿Cuál es la situación de Ruz?

La comisión permanente del CGPJ, bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, resolvió por acuerdo del 17 de junio de 2013 "conceder nueva comisión de servicio al magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, para servir el cargo en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".

Es decir: aunque Ruz ya estaba en el juzgado desde junio de 2010, la comisión permanente le concedió una nueva comisión de servicios a partir de junio de 2013.

La comisión permanente del CGPJ razonaba, al resolver esa nueva comisión de servicios, que "cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicios produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal".

  Esta "nueva comisión de servicios", pues, según la ley Orgánica y el ya citado Reglamento tiene, según hemos apuntado, una duración máxima de dos años.

Por tanto, el límite último es el 24 de junio de 2015.

El 26 diciembre de 2013, la nueva comisión permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acordó prorrogar en seis meses la comisión de servicios de Ruz.

He aquí el acuerdo: "Este nombramiento se efectúa al persistir las razones que justificaron la adopción de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situación administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en cuenta, cuando se le concedió la comisión; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".

Transcurridos seis meses, el 24 de junio de 2014, la comisión permanente vuelve a renovar por seis meses la comisión de servicios con idénticos argumentos. Y añade unas conclusiones del juez Ruz, según las cuales los asuntos en trámite en el juzgado han sufrido una notable reducción.

Pero advierte: "No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relación con determinados asuntos cuya competencia había asumido este órgano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas más recientes ante la asignación realizada por turno de reparto determina que un elevado número de procedimientos de los actualmente en trámite en el juzgado precisen para su debida instrucción e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicación por parte del titular, especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual Sumario 3/13 –Forum Filatélico- y 275/08 -“Caso Gurtel”-, junto con la pieza separada “Caso papeles de Bárcenas".

Bien.

Por tanto, el próximo 24 de diciembre vencen los seis meses de la última prórroga de la comisión de servicios, quedando, según se ha apuntado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo máximo de dos años de la actual comisión de servicios.

En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicación de 282 plazas de jueces y magistrados.

La comisión permanente ha aprobado, en su reunión del 14 de octubre y el Pleno lo ha ratificado más tarde el "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes".

A raíz de esta aprobación, en la intranet del CGPJ se ha enviado la siguiente comunicación el 15 de octubre: 

 Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".

  El artículo citado de la ley Orgánica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".

Los llamados "mecanismos ordinarios de sustitución" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.

Pero, atención, también se prevé ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).

Pero es que, además, el artículo 326.3 de la ley Orgánica dice: "El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo".

En resumen: la comisión de servicios de Ruz está vigente y todavía le queda de plazo legal hasta junio de 2015.

Ingeniería jurídica ahora, no

No parece existir razón alguna, por tanto, para emprender ingenierías jurídicas como podría ser sacar la plaza a concurso en diciembre próximo y crear una bicefalia de jueces en uno de los juzgados que se ocupa de instruir importantes casos de corrupción y delitos económicos.

Si bien el caso Fórum-Filatélico se ha cerrado, hay casos añadidos como el de Barça-Neymar y Jordi Pujol Ferrusola, para citar solo dos asuntos de relevancia aparte del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. La bicefalia apuntada se produciría como resultado de sacar la citada plaza a concurso y dar lugar a una situación en la que el nuevo magistrado a cargo conviva con Ruz en calidad de juez de apoyo, pero con responsabilidad sobre los casos más importantes.

No parece, por tanto, la solución indicada.

Tanto la comisión permanente, encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, como el juez Ruz, deben garantizar la continuidad de las instrucciones sumariales en curso en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Sí, además del CGPJ, el juez Ruz. Porque, como señala el artículo 350.2, "las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado...".  

El juez Ruz ha concluído, según hemos señalado, la parte troncal (1999-2005) de la instrucción del caso Gürtel. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el último auto que las partes personadas pueden recurrir, pretende sentar en el banquillo a 43 personas imputadas.

Este auto, como decimos, es recurrible.

Una vez que se resuelvan por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los recursos, el juez deberá dar traslado a las partes personadas para que eleven sus calificaciones. Y, a partir de ellas, llegará el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.

Ahora bien: la presencia del juez Ruz sigue siendo imprescindible.

Uno, todavía queda pendiente el auto de apertura de juicio oral, que deberá tener en cuenta la resolución de los recursos contra el auto de conclusión en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y lo que soliciten las partes personadas en sus calificaciones.

Un procedimiento judicial debe estar blindado frente a la inseguridad e inestabilidad.

Y, dos, aparte del caso Gürtel, el juez Ruz tiene pendiente, aparte de los Papeles de Bárcenas, otros asuntos, según hemos dicho, de importancia.

Cualquier pacto imaginario o implícito, sin aspavientos, contra la corrupción debería pasar, pues, por asegurar la prórroga de la comisión de servicios del juez Ruz por otros seis meses, el plazo necesario, ahora sí, para encaminar definitivamente los casos que tiene entre manos.

La comisión permanente dirigida por Lesmes, por una parte, y el juez Ruz, por la otra, deben ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias.

Pues eso, el juez Ruz acaba de concluir una parte de la investigación y debe seguir.

Punto...y seguido.