San Artur

"El PP está en camino de convertir a Artur Mas en un santo. No se me ocurre ya ninguna idea para reconducir las relaciones entre Cataluña y el Gobierno de Rajoy. Llegados a este punto uno no puede imaginar cuál sería el camino".

Esto piensa y dice un alto cargo institucional de Convergencia i Unió.

La querella que se apresta a presentar la Fiscalía ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, en principio por presuntos delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones, tendrá, pues, al menos a juicio de hombres y mujeres de CiU, el efecto de santificar a Mas.

Bien.

Eduardo Torres-Dulce ha conseguido el previsible apoyo de la Junta de Fiscales de Sala para presentar, a través de la Fiscalía del TSJ de Cataluña, la querella criminal.

 Los votos discrepantes, que cuestionan la existencia de bases jurídicas para una acción penal, también tienen algunas explicaciones personales.

 En el caso de Bartolomé Vargas, por ejemplo, hay que recordar que durante tres años investigó en la fiscalía del Tribunal Supremo, a finales de los años noventa, la implicación de Josep Piqué cuando era ministro de Industria, 1998, en la condonación de un crédito de ICO a la empresa Ercros, de la cual Piqué había sido presidente.

 Jesús Cardenal, fiscal general del Estado durante el gobierno de Aznar, relevó a Vargas de esta investigación en septiembre de 2001, le cambió de sección y el caso se archivó. 

El otro voto discrepante ha sido el de Pedro Crespo, ex teniente fiscal y fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Cándido Cónde-Pumpido.

En la Fiscalía del TSJ de Cataluña se interpreta esta posición disidente también, razones jurídicas aparte, como un gesto de solidaridad de Crespo, que comenzó a ejercer su carrera fiscal en Barcelona, en 1991, antes de pasar, en 1997, a ser delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La querella, como decíamos, se ha abierto camino.

La pregunta es: ¿cuáles serán los pasos siguientes?

La Fiscalía del TSJ de Cataluña presentará el escrito, por orden de Torres-Dulce, en la sala civil y penal del TSJ.

Esta sala está formada por cinco magistrados y la preside Miguel Ángel Gimeno (foto que abre esta entrada), que es, a su vez, el presidente de todo el TSJ de Cataluña.

El acuerdo para nombrar a Gimeno se remonta a octubre de 2010, cuando se pactó en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que presidía Carlos Dívar.

Fue el mismo pleno que resolvió nombrar a Pilar de la Oliva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Las negociaciones entre los bloques progresista y conservador del CGPJ, llevadas a cabo por los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, llegaron a un armisticio.

El PP, preocupado por la marcha del caso Gürtel propuso a Pilar de la Oliva en la Comunidad Valenciana, en sustitución de Juan Luis de la Rúa, amigo personal de Francisco Camps, y los progresistas a Miguel Ángel Gimeno en sustitución de María Eugènia Alegreten Cataluña. La verdad es que, para las expectativas depositadas por el PP, la magistrada De la Oliva se ha comportado con independencia.

La sala de lo penal y civil del TSJ de Cataluña ya tiene al menos doce denuncias contra Mas procedentes de la inhibición de los juzgados de Martorell, Terrassa y Gavá. Se han pasado a informe del fiscal y se ha formado sala de admisión de tres magistrados.

Pero en el caso de la querella contra Mas no se necesitará informe del fiscal. Porque es el fiscal jefe de la Fiscalía del TSJ de Cataluña el que elevará la querella.

Por tanto este trámite queda sin efecto.

Habrá que determinar si, por la importancia del asunto, será el pleno de cinco magistrados de la sala civil y penal el que asumirá estudiar y decidir sobre la admisión a trámite.

La querella llegará con la oposición de la Fiscalía del TSJC pero con el respaldo de la Junta de Fiscales de Sala, la cúspide de la carrera fiscal. Es verdad que representa, esencialmente, a los fiscales importantes de las instituciones de Madrid. 

Pero, ¿puede inadmitir la querella la sala de lo civil y penal?

Teóricamente puede, claro.

Pero sería un golpe tremendo para los promotores, Torres-Dulce y la Junta de Fiscales de Sala.

Supondría ahondar en la crisis catalana.

Sería, para el Gobierno y para el sector duro del PP, la prueba de que la justicia en Cataluña ya ha optado por la independencia. De que se ha independizado.

Y, claro, la simple admisión a trámite de la querella sería un acontecimiento de gran repercusión.

Porque Mas, junto a la vicepresidenta Ortega y la consejera Rigau, serán llamadas a prestar declaración en calidad de imputados por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones.

Se dirá que tenemos ya un antecedente y aquí no ha pasado nada.

Me refiero al caso del lehendakari Juan José Ibarretxe por sus conversaciones con Batasuna a raíz de la querella interpuesta por el Foro de Ermua, el 27 de abril de 2006. En la querella se denunciaba las conversaciones de paz entre Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

Pero era una querella del Foro de Ermua. No de la Fiscalía General del Estado.

 En cambio, la repercusión internacional de una declaración de Mas como imputado serían muy distintas. Tendrían gran impacto, habida cuenta de todo lo que ya ha ocurrido hasta ahora.

Miguel Ángel Gimeno, presidente del TSJC y de la sala de lo civil y penal, se ha pronunciado ante el referéndum en 2013.

 Consideraba "francamente complicado" celebrar una consulta sobre la autodeterminación de Catalunya, "porque la Constitución española habla de lo que habla, de la unidad".

El magistrado estimaba que "hablamos de la consulta por la independencia, no de una consulta, y esto es algo difícil que se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta lo que dice la Constitución sobre la unidad". Sólo veía una posibilidad de llevarla a cabo y es con la implicación y participación del todos los españoles: "Otra cosa es que la consulta sea a nivel del Estado".

Pero incluso cuando se pudiera hacer la consulta por la autodeterminación de Catalunya y esta contase con el acuerdo de Generalitat y Estado, Gimeno dejó en claro que el resultado "no tendría efectos jurídicos". "Haríamos la consulta, nos encontraríamos con la respuesta pero, ¿cuál sería la implicación? No tendría efectos jurídicos sino políticos, por lo tanto seguiría siendo una discusión política".

Pero una cosa son sus apreciaciones generales sobre el asunto del referéndum y la consulta, y otra cosa es el contenido penal de la acción del 9-N.

Las derivaciones políticas de la instrucción de esta querella no serían menores.

La santificación de Mas, como ha dicho el alto cargo institucional y dirigente de CiU que hemos citado, replantearía el tema del referéndum y de la consulta en otros términos: a favor de Mas o contra Mas. 

Y, en estas condiciones, la convocatoria de las elecciones autonómicas, que está por definir, asumiría un nuevo perfil.

¿Seguiría resistiéndose Oriol Junqueras a una lista conjunta de Esquerra Republicana de Catalunya con CiU y las otras fuerzas independentistas?

La criminalización del caso, a través de la querella, supone un nuevo salto cualitativo del conflicto. Y coloca a Mas todavía más , si cabe, en el centro de la escena.

Mas irá a más.