Chaves y Griñán piden declarar voluntariamente ante el Supremo

Los cinco aforados a los que el Tribunal Supremo va a investigar por su implicación en el fraude de los ERE de Andalucía se han personado ya en la causa abierta por el alto tribunal y han pedido declarar voluntariamente ante el instructor del caso. La personación implica que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros socialistas Mar Moreno, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías pueden tener acceso a la causa.

Según fuentes del Supremo, ya se les ha dado traslado de exposición razonada enviada al tribunal por la juez Mercedes Alaya, al escrito del fiscal y al auto dictado la pasada semana en el que el tribunal se declara competente para investigar a los cinco aforados nacionales. Los últimos escritos en llegar a la secretaría de causas especiales de la Sala de lo Penal han sido los de Chaves y Viera, que se han recibido este martes. Los de Griñán y Zarrías llegaron el lunes, mientras que Moreno presentó el suyo el pasado viernes. La hoy senadora pidió personarse tras la exposición razonada que envió Alaya en agosto. No obstante, el tribunal dejó en suspenso la solicitud hasta saber si era competente o no.

Los cinco aforados piden lo mismo: personarse en las actuaciones y acudir a declarar ante el instructor, Alberto Jorge Barreiro. Las comparecencias se solicitan amparadas en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a los aforados nacionales a dar este paso en su defensa antes de que pueda producirse su imputación formal. Comparecerán como imputados, acompañados por un abogado.

Según el auto dictado la pasada semana, si del contenido de las declaraciones y del resto de pruebas el instructor concluye que hay indicios de delito, deberá exponerlos a la Sala de lo Penal antes de pedir el suplicatorio “con carácter previo a su inculpación formal, procesamiento o adopción de cualquier medida cautelar”.

En el escrito en el que la Sala de lo Penal abría el pasado jueves la investigación a los cinco aforados nacionales, el Supremo evita pronunciarse sobre si ve indicios de criminalidad en la actuación de los aforados. Los jueces consideran que los hechos, tal y como los describe Alaya, podrían ser constitutivos de prevaricación y malversación de fondos públicos, pero recalcan que será el instructor el que decida si hay indicios de delito.