El juez desautoriza con dureza al Gobierno por excarcelar a Matas

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid revocó ayer el tercer grado concedido al exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas, en un duro auto en el que desautoriza la decisión del Gobierno. El magistrado Florencio de Marcos llega a reprochar al Ejecutivo la “sensación de impunidad” de los condenados por casos de corrupción que puedan tener los ciudadanos y da la razón al recurso presentado por la fiscalía de Valladolid, en el que se alegaba la “repugnancia social hacia determinados comportamientos, como los hechos que dieron lugar a la condena”.

 Matas abandonó el 31 de octubre el centro penitenciario de Segovia, donde cumplió solo tres de los nueve meses de condena por un delito de tráfico de influencias. El tercer grado le permite salir cada día de la cárcel, no volver los fines de semana y tener permisos.

La decisión no supondrá la vuelta inmediata de Matas a prisión ya que la resolución puede ser recurrida, en primera instancia al mismo juzgado y, en segunda, al tribunal sentenciador, que fue el Tribunal Supremo, ya que rebajó de seis años a nueve meses la condena inicial impuesta por la Audiencia de Palma.

El contundente auto deja en evidencia al Gobierno, que concedió el régimen de semilibertad en contra de los técnicos de la prisión de Segovia. Ángel Yuste, director general de Prisiones, justificó en el Congreso aquella decisión ahora revocada, frente a todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, que hablaron de “indulto encubierto”.

De hecho, el auto, muy duro contra el Ministerio del Interior, sostiene que “no hay reeducación del interno y sin haberse alcanzado ese fin de la pena, no tiene sentido la clasificación en tercer grado”. Añade que “si la aplicación de la norma es susceptible de proyectar sobre la comunidad la sensación de vaciamiento e incluso cierta impunidad, cosa que puede ocurrir por la clasificación prematura en tercer grado del interno, los fines de la pena pueden verse pervertidos, máxime en un delito de la naturaleza del que nos ocupa, tráfico de influencias, caracterizado por el abuso de la confianza depositada en un cargo público, y en un momento de gran sensibilidad social al respecto”.

El juez entiende que “el daño que se causa al cuerpo social puede generar una ruptura en la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, en la validez del propio Estado de derecho”. “En una época de crisis económica, a la cual no es ajena una subyacente crisis de los principios y valores esenciales de la convivencia y solidaridad (véanse los escándalos económicos tanto en España como fuera de ella), las normas de protección de la sociedad no pueden verse arrastradas por tal corriente”.

El auto rechaza, además, el argumento esgrimido de las relaciones sociales del interno para salir en semilibertad, porque con los cargos que ha ocupado “lo sorprendente sería lo contrario, lo normal es que sea una persona socialmente reinsertada”. Tampoco considera relevante que acudiera por sí mismo a la cárcel y rechaza que haya “arrepentimiento, asunción del hecho, conciencia del daño causado y del descrédito causado a la institución pública”. Recuerda que ha estado dos meses en la enfermería de prisión jugando al frontenis, actividades que “no parece que supongan paso alguno hacia la concienciación delictiva”. Tampoco ve relevante, por obvio, que diga que no puede cometer de nuevo esos delitos.

Los seis procesos pendientes que tiene Matas le sirven al juez para asegurar que muestran “la forma de proceder del sujeto”. “La pluralidad de causas abiertas lo que refleja es un modo de proceder, unos modos de actuar en la vida pública que no se ajustan a los parámetros del buen y probo gobierno, lo que incide en una agudización de los problemas de reeducación”, asegura.

Matas alegó tener un trabajo estable y para eso se dio de alta como autónomo días antes de su ingreso en prisión para trabajar de economista en su propio domicilio y con la mínima cuota de cotización. El fiscal, el juez y los técnicos de la cárcel ponen en duda que ese trabajo de autónomo en su domicilio sea muestra de reinserción y, desde luego, no ven arrepentimiento alguno. Esta falta de arrepentimiento ya sirvió para que la audiencia de Palma rechazara suspender el cumplimiento de la condena.