El Gobierno sostiene que Matas sigue cumpliendo su pena sin “privilegios”

El expresidente de Baleares y exministro del PP Jaume Matas no recibió “privilegio ni tratamiento arbitrario” del Gobierno al acceder al régimen de semilibertad contra el criterio de la junta de tratamiento de la cárcel de Segovia, donde cumple una pena de nueve meses por tráfico de influencias. Así lo sostuvo ayer el director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, que compareció en la Comisión de Interior del Congreso para asegurar que el paso de Matas al tercer grado siguió todos los requisitos legales.

El alto cargo de Interior acudió a la Cámara a petición propia después de que varios partidos de la oposición reclamasen que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, explicase el tercer grado de Matas. En una larga intervención, Yuste justificó su decisión de desoír a la junta de tratamiento de la prisión de Segovia, órgano que (por cinco votos a tres) había recomendado mantener al recluso en segundo grado. La junta había señalado que “Matas es un buen preso pero un mal ciudadano” y que era conveniente que siguiera entre rejas para obtener conciencia de su conducta.

Instituciones Penitenciarias, sin embargo, concedió al exministro la semilibertad. Yuste recordó ayer que, cuando no hay unanimidad en la junta de tratamiento, compete a su departamento decidir. Y argumentó que si optó por asumir la decisión de la minoría de la junta fue porque, en su opinión, los cinco técnicos partidarios de mantener en la cárcel a Matas “incumplieron las previsiones constitucionales sobre las penas privativas de libertad y las condiciones del reglamento penitenciario”. Les culpó directamente de “limitarse a propugnar el castigo como único mecanismo de intervención, afirmación que contradice el sentido común”.

La mayoría de los técnicos de la cárcel habían rechazado dar el tercer grado

El director general enumeró una lista de argumentos para conceder a Matas la semilibertad: la “reinserción social” del expresidente balear, su “buena relación con el entorno familiar”, la baja condena (nueve meses y un día), el trabajo que ha encontrado —como autónomo— y “su imposibilidad de reincidir, dado que ya no ocupa un cargo público”. E insistió en que incluso los técnicos que defendieron mantener al exministro en prisión aludieron a su reinserción: “No es razonable decir que un enfermo curado no puede salir. Puedo admitir que la junta de tratamiento diga que no está reinsertado, [pero] no puede decir que está plenamente reinsertado si quiere mantener el segundo grado”.

La oposición en bloque cargó contra el representante de Interior y acusó al Gobierno de premiar a uno de los suyos. Los distintos partidos dibujaron a Matas como un recluso que pasaba el día en la enfermería de la cárcel mientras jugaba al frontenis, y repitieron chanzas sobre el espíritu emprendedor de Matas y su olfato como consultor. El diputado del PSOE Pablo Martín subrayó que el entorno social que permite a Matas reinsertarse está formado por dirigentes del PP. Emilio Olabarría (PNV) aseguró que el trato a Matas tira por tierra el discurso de la regeneración democrática del Gobierno.

La oposición cree que el caso tira por tierra las promesas de regeneración del PP

Desde Izquierda Plural, Sixto Iglesias parafraseó al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes: “No solo la ley está hecha para el robagallinas, sino que los delincuentes de cuello blanco entran a la cárcel por una puerta y salen por otra”, dijo. Por el PP, la diputada Ana Belén Vázquez miró hacia atrás y acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de llevar la contraria “unas 400 veces al año” a las juntas de tratamiento de las prisiones.

El juez de Vigilancia Penitenciaria, que estudiará el recurso de la fiscalía contra la decisión de Interior, tiene la última palabra sobre el futuro del recluso Matas.