Dimite Torres-Dulce, fiscal del Estado, por desavenencias con el Gobierno

Eduardo Torres-Dulce ha presentado su dimisión como Fiscal General del Estado. Oficialmente, argumentó “razones personales”, pero desde hace tiempo sus relaciones con el Gobierno eran malas. Ya había amenazado con dimitir en varias ocasiones al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y recientemente al actual, Rafael Catalá. Eran notables las tensiones y la ausencia de sintonía con el Gobierno que, legalmente, no podía destituirle, pero sí esperar a que él formalizara su dimisión y, como ha hecho ahora, no mover ni un dedo para mantenerle en el cargo.

Con esta dimisión son cuatro las renuncias que, por distintos motivos, ha tenido que afrontar el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos tres meses en puestos clave: los ministros de Justicia y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente; el director general de RTVE, Leopoldo González Echenique, y ahora el fiscal general. Todos ellos, salvo Mato, por diferencias de criterio o falta de respaldo del Gobierno. El propio Mariano Rajoy subrayó ayer “la dedicación y esfuerzo” de Torres-Dulce, al tiempo que insistió en que se marcha por “motivos personales”.

Torres-Dulce llamó hoy a primera hora a Catalá para comunicarle su decisión, explicarle que no desea ningún cargo y que su intención es volver a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, la jefatura de esa Fiscalía está vacante por decisión expresa de Torres-Dulce, que aplazó el miércoles ese nombramiento en el Consejo Fiscal.

En octubre de 2013, Torres-Dulce hizo un primer amago de dimisión ante Gallardón. Se quejaba de decisiones y nombramientos que afectaban a la carrera fiscal y sobre los que no fue consultado. Se sentía ninguneado. Tampoco se pidió su opinión cuando se puso en marcha el borrador de Código Procesal Penal, que daba la instrucción a los fiscales. Ni lo ha sido ahora, cuando ese texto ha quedado reducido a una reforma muy parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que da marcha atrás y elimina ese papel instructor de los fiscales.

El pasado mes de abril lanzó en el Congreso un duro alegato contra la falta de medios legales, materiales y humanos para afrontar los grandes casos, sin obtener respuesta favorable del Gobierno.

Su falta de peso político en el Gobierno le dejaba al margen de esas decisiones y, a su vez, el Ejecutivo y el PP le achacaban falta de acción e influencia en los grandes casos de corrupción, así como escasa autoridad para dirigir un cuerpo autónomo, pero jerarquizado. Por ejemplo, dirigentes del PP no entendieron nunca que la fiscalía fuera la que provocara el ingreso en prisión de Luis Bárcenas, cuando la acusación popular pedía prisión eludible con fianza, es decir, menos que el ministerio público. Con esa notable excepción, no hay decisión trascendente de Torres-Dulce que discrepe de la posición del Gobierno. Por ejemplo, en la excarcelación de etarras, en las querellas sobre Bankia y preferentes y en el caso Faisán, entre otras.

Ni siquiera hubo diferencia de fondo al final sobre la querella contra responsables de la Generalitat de Cataluña sobre el 9-N, aunque sí hubo tensiones graves esos días con el Gobierno por el ritmo y la forma en la que Torres-Dulce gestionó la crisis, así como por el alcance de la acción penal. La conclusión es que la Fiscalía presentó la querella contra Artur Mas y varios de sus consejeros como pretendía desde el primer día el Gobierno. Y hubo coincidencia en los días previos para no intervenir y no frenar la consulta para evitar males mayores.

La dimisión se produce pocos días antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decida el lunes sobre la admisión a trámite de la querella. Fuentes jurídicas hablan de dudas notables sobre el futuro de la controvertida e inusual acción penal contra el Gobierno catalán. En principio, el Gobierno pretende anunciar hoy el nombre del sustituto. Se inclina por un miembro de la carrera fiscal. Una vez anunciado el nombre deberá someterse al dictamen del Consejo General del Poder Judicial y volver al Consejo de Ministros. El aspirante deberá someterse a examen en la Comisión de Nombramientos del Congreso y, si es aprobado, ser definitivamente nombrado por el Gobierno. El nombramiento presenta una dificultad, que es que su mandato acaba cuando cesa el Gobierno. Es decir, el elegido estaría solo un año en el cargo, salvo que vuelva a ganar el PP y vuelva a proponerle. O que introduzca un cambio legal en los próximos meses para prorrogar ese mandato.