Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El sindicato de guardias civiles lleva a la Audiencia Nacional su ilegalización

La asociación mayoritaria en el cuerpo se basa en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo con 30.000 afiliados, ha decidido recurrir ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la negativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a inscribir el primer sindicato en la historia del instituto armado. La solicitud de inscripción fue presentada el pasado 10 de octubre por los dirigentes de la AUGC a título individual. El departamento que dirige Fátima Báñez ha rechazado la legalización del sindicato alegando que el artículo 1.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical excluye de este derecho a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados de carácter militar.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, los promotores del sindicato plantean una cuestión de inconstitucionalidad sobre el citado artículo, ya que la Constitución no obliga a prohibir la sindicación de los militares, sino que señala que “la ley podrá limitar o exceptuar” este derecho. Este artículo, según el recurso, debe interpretarse a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los recurrentes consideran  inconstitucional la prohibición de la ley de Libertad Sindical

En dos recientes sentencias, contra la ley francesa que impide a militares y gendarmes (cuerpo homologable a la Guardia Civil) formar sindicatos o asociaciones profesionales, el Tribunal de Estrasburgo determinó que esta prohibición viola el artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que los Estados pueden imponer “legítimas restricciones” al ejercicio de este derecho por parte de los militares, como la posibilidad de huelga o conflicto colectivo, pero no “la prohibición pura y simple de crear un sindicato”.

Los promotores del Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC) están dispuestos a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo si no consiguen que la Audiencia Nacional, el Supremo o el Constitucional lo legalicen. No obstante, Juan Antonio Delgado, portavoz de la AUGC, confía en que los jueces les den la razón. “Cuando el tribunal de Estrasburgo anuló la doctrina Parot, España acató el veredicto y los terroristas afectados salieron de prisión. Espero que a los guardias civiles no nos traten peor”.