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Malabarismos de una consulta sin garantías

La votación de hoy no tiene ni censo ni mecanismos de control ni cobertura legal

Voluntarios de Flandes, Escocia y Gales en la víspera del 9-N.
Voluntarios de Flandes, Escocia y Gales en la víspera del 9-N.

Cataluña prevé celebrar hoy una consulta sobre la independencia, aunque ni los promotores —la Generalitat y los partidos CiU, ERC, ICV y CUP— ni los organizadores —la Generalitat y las asociaciones integradas en el Pacto por el Derecho a Decidir— le reconocen el valor político que quisieron dar a la consulta originalmente. Y también aunque desde diversos sectores, partidarios y detractores del "derecho a decidir", se denuncia su falta de “garantías democráticas”.

“No genera un mandato democrático”, ha afirmado Oriol Junqueras, líder de ERC. “Es un acto de militancia. No tendrá el valor de una votación convencional”, ha abundado Joan Rigol, coordinador del Pacto por el Derecho a Decidir. Joan Herrera, de ICV, la ha calificado de “sucedáneo”. También el Gobierno de Mariano Rajoy —que no ha aclarado qué hará hoy— ha rebajado la importancia de la consulta alternativa, diferenciándola de la inicial, aunque ambas han sido igualmente suspendidas por el Tribunal Constitucional y carecen de cobertura legal.

Estos son algunos de los elementos que harían del “proceso participativo” del 9-N una votación sin garantías:

Nadie controla la limpieza de la votación. No se ha llegado a constituir ningún órgano equivalente a la Junta Electoral Central que vele por la limpieza del proceso y resuelva hipotéticas reclamaciones tras el recuento. La Generalitat sí creó una “comisión de control” para la consulta original, y anunció que habría un órgano equivalente también para la consulta alternativa, pero finalmente no se ha constituido. Preguntado por esta cuestión, un portavoz de la Consejería de Gobernación admitió que no existe ese órgano y señaló que “se confía en la buena fe de los voluntarios” que gestionarán la votación. “No hay una autoridad electoral porque esto no es un proceso electoral”, subrayó.

Papeletas que no son nulas pero tampoco cuentan. Para reforzar su mensaje de que el 9-N ya no es una consulta sino un “proceso participativo”, Artur Mas anunció por sorpresa hace diez días que no solo se aceptarán en las urnas las papeletas con la doble pregunta original, sino cualquier otra papeleta que un ciudadano traiga de su casa y en la que plantee su idea de lo que debe ser “el futuro político de Cataluña”. En teoría, si de verdad la Generalitat fuera a tener en cuenta esas propuestas, el recuento podría complicarse mucho, porque hipotéticamente podría haber cientos de propuestas distintas. Pero el recuento no se hará así. Desde Gobernación explican que “no habrá votos nulos” y que las papeletas que no contengan la pregunta original serán agrupadas y clasificadas en el recuento como “otros”. Así que su contenido, en la práctica, se obviará.

¿Cómo evitar que se vote dos veces? Al no haber un censo oficial y previo, una misma persona podría teóricamente votar en un colegio y luego salir corriendo a votar a otro. La Generalitat admite que no tiene ningún sistema informático capaz de cruzar los datos de las distintas mesas de votación de forma inmediata, pero asegura que el fraude no se producirá porque a cada persona le corresponde solo una mesa de votación concreta, en función del domicilio que figure en su DNI.

Las mesas de votación han sido asignadas a través de unas tarjetas que los ciudadanos han podido imprimirse desde la web de campaña habilitada por la Generalitat o llamando al 012. En los últimos días ha habido gente que ha denunciado que la web permitía imprimir la tarjeta de votación con nombres y direcciones falsas —Bob Esponja, Madonna...—. Esas tarjetas, sin embargo, son solo informativas: para votar hoy será necesario mostrar en la mesa el DNI, donde figurarán el nombre y la dirección reales del votante, por lo que el Gobierno catalán sostiene que no hay nada irregular en ese mecanismo.

Llevo años en Cataluña y no puedo votar. Yo ya no vivo en Cataluña y sí puedo. Una persona que lleve años viviendo en Cataluña y quiera votar, pero en cuyo DNI figure aún la dirección de, por ejemplo, Cuenca (su lugar de origen), no podrá votar. Sin embargo, un catalán de nacimiento que lleve años viviendo en Sevilla sí podrá participar en la consulta, si en su DNI sigue estando la dirección catalana. El portavoz de la Consejería de Gobernación admite que esa paradoja podría darse hoy domingo (aunque afectaría previsiblemente a un porcentaje muy pequeño de votantes), pero señala que se ha pensado en una salida que se aplicaría a partir de mañana lunes (porque la consulta se va a extender durante 15 días más): quien viva en Cataluña pero no pueda acreditarlo con el DNI podrá acudir con el certificado de empadronamiento a una de las siete delegaciones del Gobierno catalán, que tendrá dos semanas para verificar la documentación y tramitar el voto.

Interventores, presidente y secretario de la mesa, ¿de parte? La Generalitat asegura que sigue al frente de la organización de la consulta, pero ha dejado la gestión directa de la votación a voluntarios y a las asociaciones soberanistas del Pacto por el Derecho a Decidir. Esos voluntarios serán previsiblemente, de forma muy mayoritaria, partidarios del proceso impulsado por el Gobierno catalán, que en los últimos meses ha tenido un perfil netamente independentista. No habrá, como sí hay en un proceso electoral, interventores de las distintas opciones en liza, ni una autoridad pública que se haga responsable de nada. Eso arroja sobre la votación la sombra de la parcialidad. De nuevo, la Generalitat fía la limpieza a la “buena fe” de los voluntarios. Del recuento, según dijo Artur Mas ayer, sí se hará cargo su Gobierno.

El papel de los funcionarios. Uno de los aspectos más delicados de la votación de hoy es el papel en el que deja a los funcionarios que colaboren con la organización del 9-N. La Generalitat sostiene que, si lo hacen, será en calidad de voluntarios, y que a nadie se le obligará a hacer nada que no quiera. El Gobierno de Rajoy, sin embargo, lleva días deslizando la idea de que se está poniendo a esas personas “en la tesitura de tener que incumplir la ley”, porque el “proceso participativo” está oficialmente suspendido por el Constitucional. También los sindicatos catalanes de la enseñanza han alertado sobre las consecuencias que puede haber para los directores de los colegios e institutos que acojan las urnas. Hay, además, otra duda en el caso contrario: ¿en qué situación quedan los funcionarios que se nieguen expresamente a colaborar con la consulta por carecer de cobertura legal? Un director de instituto que no quiera entregar las llaves del centro, por ejemplo, o un funcionario municipal que se niegue a abrir el local que el alcalde sí haya dicho que va a ceder para colocar las urnas. La Generalitat responde que no habrá ningún problema en esos casos, porque los institutos son propiedad de la Generalitat y porque, en el caso de los Ayuntamientos, los alcaldes han designado como coordinadores a personas “que sí van a colaborar”.