La Zarzuela: “La renuncia a los derechos es decisión de la Infanta”

“Esa cuestión le corresponde considerarla a la Infanta”. La Casa del Rey asegura que no presionará a doña Cristina para que renuncie a sus derechos dinásticos tras la decisión de la Audiencia de Palma de mantener su imputación por fraude fiscal. Ese gesto de gran poder simbólico pero insignificantes consecuencias prácticas —doña Cristina es la sexta en la línea de sucesión y su renuncia no afectaría a sus hijos, que subirían un puesto en el escalafón— sería un gran alivio para la Corona, impaciente por pasar la página del “martirio” del caso Nóos.

Pero es una renuncia, no pueden obligarla. Y el Rey tampoco puede arriesgarse a que trascienda públicamente que se lo ha pedido y que ella se niegue a hacerlo.

La Zarzuela insistió ayer en su “respeto absoluto a la independencia judicial” y recordó que doña Cristina ya no forma parte de la Familia Real —tras la proclamación de don Felipe abandonó esa condición, como la infanta Elena— y no recibe asignación de la Casa del Rey, es decir, dinero público, desde que fue apartada de los actos oficiales en octubre de 2011, al estallar el caso Nóos.

La imputación de Iñaki Urdangarin primero y de la Infanta después es lo que más ha erosionado el prestigio de la Corona. Ni siquiera la caída de don Juan Carlos durante una inoportuna cacería en Botsuana en 2012 causó tantos estragos en la popularidad de la institución. Don Felipe es muy consciente del daño causado por el caso Nóos y por eso decidió cortar con lo sano y no aparecer en público con su hermana, hasta el punto de que no asistió al acontecimiento más importante de su vida, su proclamación como rey, el pasado 19 de junio.

El mismo día de su proclamación, don Felipe se refirió, sin citarlo, a la situación de su hermana, el caso Nóos y la desafección que había provocado hacia la Corona. No los citó por su nombre, pero cuando quiso que sus primeras palabras como Rey fueran para prometer “velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente” estaba intentando trasladar a los ciudadanos el mensaje de que bajo su reinado no se repetirían los errores del pasado.

Lo prometió en su proclamación y poco más de un mes después implantó nuevas normas en La Zarzuela para intentar dar credibilidad a su promesa. La Casa del Rey anunció el pasado julio que por decisión del nuevo Monarca quedaba prohibido para los miembros de la Familia Real trabajar para empresas, tener negocios privados o dedicarse a cualquier otra cosa que no fueran actos “de naturaleza institucional” como representantes de la institución. La medida ya no afectaba la infanta Cristina, pues había sido apartada de la Familia Real, pero de haber estado en vigor durante el reinado de don Juan Carlos podría haber evitado que se involucrara en los negocios de Iñaki Urdangarin.

Felipe VI se ha esforzado en transmitir que le repugnan los casos de corrupción y que entiende el desencanto y la indignación que provocan. “La sociedad necesita referencias morales a las que admirar y respetar; principios éticos que reconocer y observar; valores cívicos que preservar y fomentar”, admitió el pasado 24 de octubre, durante su discurso en la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Pero el caso Nóos impide a la Corona mantenerse al margen de los escándalos y de la indignación ciudadana que acarrean. Y la Infanta, que siempre ha visto en la estrategia de aislamiento de la Casa del Rey una condena por adelantado, no lo ha puesto fácil. Nunca ofreció a su padre la renuncia a sus derechos dinásticos, pese a que era la mejor opción para La Zarzuela. Ahora es su hermano quien necesita ese gesto.