Canarias hará ahora una encuesta sobre las prospecciones petrolíferas

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este jueves que su Ejecutivo va a llevar a cabo una encuesta de opinión para conocer qué piensan los ciudadanos sobre las prospecciones. Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras el Consejo de Gobierno, donde matizó que la encuesta "no sustituye nada", ya que apuntó que la consulta se llevará a cabo cuando el Tribunal Constitucional "la avale".

Rivero ha insistido en que el objetivo de este sondeo es conocer cómo valoran los ciudadanos la posición del Gobierno regional respecto a las prospecciones petrolíferas ante la posibilidad de que afecten a cuestiones medioambientales o de la economía del archipiélago. Añadió que las preguntas las diseñarán los expertos encargados de llevarla a cabo.

En este sentido, explicó que la encuesta la llevarán a cabo las dos universidades canarias sobre una muestra de la población de 2.800 personas, que calificó de "amplia", con el fin de que las conclusiones que se obtengan sea "fiable".

Asimismo, señaló que este sondeo, que no será telefónico sino presencial, tendrá un coste de 40.000 euros, y en cuanto al tiempo establecido para que se lleve a cabo aseguró que el Gobierno canario "no ha dado un horizonte temporal" para que se haga efectiva.

De todos modos, ha hecho hincapié en que la "encuesta no sustituye nada. La consulta se llevará a cabo cuando el Constitucional la avale. Cada día estoy más convencido de que esto es un atropello a Canarias; de que es un trato colonial", apuntilló.

PIDEN LA SUSPENSIÓN CAUTELAR

Rivero también ha anunciado que hace "48 horas" la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Tenerife ha admitido un recurso presentado por el Gobierno regional para pedir la suspensión cautelar de los sondeos exploratorios, después de que el Ministerio de Industria rechazara un recurso de alzada sobre las autorizaciones de las prospecciones.

Todo ello, dijo, con el objetivo de impedir que se lleven a cabo las prospecciones y en el marco de que actualmente la consulta, que el Gobierno canario había previsto sobre los sondeos, está suspendida después de que el TC haya admitido el recurso del Gobierno central al respecto. En este sentido, espera que el TC se pronuncie "cuanto antes" y no agote los cinco meses que tiene para poder dar una respuesta.

Para Rivero el Gobierno central tienen "dos varas de medir" como, apuntó, desvelan "los últimos acontecimientos" en relación a que existe "una clara obsesión de alguien de llevar las prospecciones en Canarias, no en Baleares ni en Málaga".

Finalmente, en relación a la aprobación por parte del Gobierno central de un impuesto de hidrocarburos, incidió en que esos "hipotéticos ingresos" por los impuestos cuando se encuentre petróleo "dentro de ocho años como consecuencia de los riesgos que tienen algunos territorios porque esto es una actividad de riesgo, en qué quedamos", se cuestionó aludiendo a unas declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando "dijo en Mallorca que al mínimo riesgo se suspendían las prospecciones".

Por su lado, los colectivos sociales que apoyan la campaña contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias no ven posible realizar una consulta ciudadana alternativa, sin el Gobierno de Canarias, para el próximo 23 de noviembre, tal y como estaba prevista. Después de la anulación cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, los portavoces de los colectivos mayoritarios aseguran que “es inviable”. El próximo 15 de noviembre la plataforma ciudadana mantendrá una cumbre en la isla de Fuerteventura para tomar, sobre todo, tres decisiones: qué hacer el 23 de noviembre, día en el que estaba prevista la consulta, dirimir cuándo se llevará a cabo la consulta popular alternativa e intensificar el calendario de acciones contra la decisión tomada desde Madrid.

“Haremos la consulta popular, haga lo que haga el Gobierno de Canarias, el próximo 23 de noviembre”. Esta frase es de René Beaotegui, uno de los portavoces de la coordinadora contra las prospecciones petrolíferas, unos días antes de la última manifestación, el pasado 18 de octubre. Sin embargo, este miércoles, presentaba más dudas al respecto: “Después del día 15 anunciaremos qué haremos el 23 de octubre. Y pedimos al Gobierno de Canarias que estudie cómo se puede llevar a cabo la consulta popular porque la vamos a hacer”. Estas declaraciones las hacía durante este miércoles frente a la Delegación del Gobierno de España en Canarias, mientras sus compañeros le miraban con cinta aislante tapando sus bocas, en alusión a la campaña #CanariasAmordazada que han lanzado en internet para denunciar lo que consideran “un palo a la democracia”.

Los diferentes colectivos sociales incluidos en la plataforma que han sido consultadas valoran como “imposible” realizar “ningún tipo de consulta” el próximo 23 de noviembre. Y todos, también, apuntan a que se “realizará sí o sí, pero con nuestro propio calendario y también con nuestra propia pregunta: cuestionaremos a los canarios si están a favor de la prospección y explotación de petróleo en aguas cercanas a Canarias o no”. Es decir, prevén modificar la pregunta que se había formulado para este 23 de noviembre, a petición del Gobierno de Canarias, que buscaba que encajara en la Constitución.

Los colectivos sociales también demandan al Gobierno de España que dado que el Constitucional ha paralizado de forma cautelar la consulta ciudadana planteada por Canarias, “el Ejecutivo estatal debería frenar, cautelarmente también, las prospecciones hasta que el tribunal entre en el fondo de la cuestión”. “Eso es un desvarío”, aseguraban ayer fuentes cercanas al ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria.

La fragmentación insular, entre otros factores, apuntan desde la coordinadora de colectivos sociales que lucha contra las prospecciones petrolíferas, ha perjudicado al movimiento cuya capacidad de reacción se ve mermada “por la división entre las islas” y es otro de los motivos por los que no han querido seguir adelante con la fecha inicialmente prevista. En la plataforma que engloba a los colectivos hay varios partidos políticos, entre ellos Nueva Canarias y Coalición Canaria, que habían mostrado cierto interés, en caso de aplazar la consulta planteada, aprovechar la movilización e infraestructuras y hacerla coincidir con las elecciones municipales de la próxima primavera. Este punto ha sido rechazado por unanimidad por todos los portavoces consultados al entender que no quieren politizar más el asunto, “ni hacerle la campaña a nadie, es una decisión ambiental, aunque todos, aquí y allá, la hayan querido politizar”, sostienen desde Ben Magec-Ecologistas en Acción.

 Igualmente, desde la coordinadora observan con atención el inicio de las prospecciones, que será en unas semanas. Hace unos días, un portavoz de Repsol anunció que el buque encargado de realizar los sondeos, el Rowan Reinassance, ya está camino de Canarias después de hacer varios trabajos en Angola.