Una votación en marcha sin marco jurídico

Cuando hace tres semanas el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria de la consulta del 9-N ordenó también dejar en suspenso todas las actuaciones destinadas a la “preparación” de esa consulta o “vinculadas a ella”. El Gobierno comunicó, en consecuencia, que estaría muy atento para asegurarse de que cualquier orden administrativa dictada por la Generalitat para preparar el 9-N quedase igualmente paralizada. Pero entonces el presidente catalán, Artur Mas, modificó inesperadamente el plan y anunció que el 9-N, aunque seguiría siendo una consulta sobre la independencia organizada por la Generalitat, ya no se celebraría bajo el paraguas jurídico del decreto suspendido. No aclaró bajo qué paraguas jurídico se celebraría. Solo apeló a competencias genéricas sobre fomento de la participación ciudadana. El objetivo declarado de Mas era “no ponérselo fácil” al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Así, cada orden administrativa que la Generalitat dicte en estos días sobre el 9-N está en un aparente —y buscado— limbo legal, aunque en la práctica conduce abiertamente a la “preparación” de la consulta suspendida y está “vinculada a ella”. El primer ejemplo ha llegado con la orden que el pasado jueves publicó el Diario Oficial de la Generalitat para crear un registro voluntario de votantes, equivalente al censo electoral que se intentó hacer inicialmente pero sin usar los datos de quien no quiera darlos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó ayer que el Gobierno está estudiando “qué es eso” exactamente para decidir si lo impugna. La Generalitat respondió afirmando que el registro de votantes está “blindado” ante impugnaciones porque no será activado hasta el mismo 9 de noviembre, sin que dé tiempo material a que el Ejecutivo lo paralice. Un juego jurídico del ratón y el gato en torno a una consulta oficialmente suspendida.