El Tribunal de Cuentas cambia sus examinadores para evitar ‘enchufes’

El Tribunal de Cuentas ya ha puesto la primera piedra para que las personas que examinen a quienes aspiren a incorporarse a su plantilla sean mayoritariamente ajenos a la institución. La idea es otorgar mayor transparencia a los procesos selectivos y, de paso, eliminar las sospechas de nepotismo que se ciernen sobre algunas oposiciones celebradas en los últimos lustros. Su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, avanzó, entre otras medidas antinepotismo, que modificaría la composición de los jurados opositores. Lo hizo durante su comparecencia del pasado julio en el Congreso de los Diputados para explicar cómo era posible que más de un centenar de empleados de esta institución sean parientes de altos o medios cargos o familiares entre sí.

Álvarez de Miranda dispone ya del borrador, muy avanzado, y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta nueva normativa impone que, al menos, cuatro de los siete jurados no tengan ningún vínculo con el tribunal, a diferencia de lo que sucede ahora. Los jurados ajenos al tribunal serán, además, designados por altas instituciones del Estado. El borrador afecta en concreto al Cuerpo Superior de Letrados. Este tribunal (que se encarga de fiscalizar si el dinero de las Administraciones son gastados y distribuidos de acuerdo con la legalidad) tiene unos 642 trabajadores. Algo más de 450 son de los cuerpos superiores y están sujetos al Estatuto de la Función Pública; y cerca de 200 es personal laboral, sujeto a convenio colectivo y, por ende, al Estatuto de la Función Pública.

El borrador es una resolución del propio presidente del Tribunal y, con alguna ligera modificación, será de aplicación dentro de varias semanas. El presidente del Tribunal opositor será, según se avanza en el borrador, “un letrado del Tribunal de Cuentas que se encuentre activo con más de diez años de servicios en efectivo”.

Entre los vocales habrá un “auditor del Tribunal de Cuentas” también con diez años de servicio efectivo; un letrado de las Cortes Generales o del Consejo de Estado, que será propuesto por los secretarios generales de ambas instituciones; dos magistrados con más de diez años de experiencia, que serán propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (uno de ellos experto en la materia de que verse la oposición); un catedrático de universidad experto en alguna de las disciplinas del programa de exámenes, y que elegirá el Consejo de Coordinación Universitaria. Y, finalmente, como secretario actuará otro letrado del Tribunal de Cuentas, que será el que mejores notas hubiera obtenido en las últimas pruebas de acceso. “Para actuar válidamente, el tribunal deberá contar, al menos, con cinco de sus miembros”, indica el borrador.

Serán cinco los ejercicios, orales y escritos, pero no habrá entrevistas, que han sido criticadas por su eminente carácter subjetivo. La norma es para el cuerpo de letrados, no para los ciudadanos que opten a las categorías laborales, que se rigen por el convenio colectivo, y que en la actualidad impone como jurados a altos cargos, de un lado, y a representantes sindicales, de otro. El pasado julio, el presidente del Tribunal de Cuentas de Cuentas fue forzado por PP, PSOE e IU a dar explicaciones ante el Congreso por el abultado número de familiares y allegados de cargos y representantes sindicales que han logrado plazas fijas en oposiciones. En su comparecencia Álvarez de Miranda anunció toda una batería de medidas, entre ellas el cambio en la configuración de los miembros de los tribunales opositores. Para modificar los tribunales que examinan a los aspirantes a una plaza laboral es preciso modificar el convenio colectivo hoy vigente. 

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