El timo de las 67.000 revistas falsas

Con una vieja prensa en una nave industrial de Elche (Alicante) tiraron 67.000 revistas desde 2001. Todas bajo el paraguas de supuestas asociaciones profesionales de policías, guardias civiles y el Ejército y, últimamente, también de entidades que trabajan con colectivos de discapacitados. Cada una de las publicaciones incluía bloques de pequeños anuncios. Entre 30 y 40 por número que costaban cada uno de ellos a razón de 150 a 400 euros, dependiendo del tamaño y ubicación de la publicidad. Pero eran revistas de pega. Solo se imprimía el ejemplar que recibía el anunciante. No se distribuían en ningún otro lugar.

Una red logró así estafar 15 millones de euros a más de 150.000 autónomos y pequeños empresarios de toda España durante 13 años. Los contenidos de las publicaciones se rellenaban plagiando informaciones de fuentes oficiales o con entrevistas a agentes de policía, que creían en la fiabilidad de las revistas, plagadas de logotipos y escudos de la Guardia Civil y la policía. La organización utilizó el nombre de la Asociación de Radioaficionados de la Guardia Civil (ACRAG) y de la Asociación de radioaficionados de Santo Ángel del Cuerpo Nacional de Policía (ARSA), dos entidades que existen, pero sin vinculación alguna con la trama.

La operación se ha cerrado con 52 detenidos, 49 de ellos en Elche, y en los registros se han incautado 46.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante material informático. Uno de los servidores fue localizado en el falso techo de una oficina. También se han bloqueado las cuentas de 32 personas físicas y jurídicas. E identificado como testaferros a personas mayores en dificultades económicas que no sabían lo que firmaban. Las pesquisas han sido dirigidas por la Unidad de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y en ella participaron agentes de las comisarías de Barcelona, Albacete, Alicante y Elche.

El presunto cabecilla de la red es un hiperactivo empresario valenciano, Antonio Pascual Fernández Muñoz, encarcelado el pasado junio y hoy en libertad condicional, a quien el juez le imputa los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Según las fuentes de la investigación, el supuesto cerebro de la red manejaba además de la firma Teleges, de marketing telefónico, una imprenta y sociedades inmobiliarias, que servían presuntamente para camuflar la estafa a gran escala.

El dinero negro corría de sociedad en sociedad gracias a una trama de facturas falsas. Y servía también para premiar los éxitos comerciales de su agresiva red de teleoperadores que vendía la publicidad. La policía describe al principal detenido como un experto en técnicas de motivación. Organizaba fiestas y concursos para sus trabajadores. No tenía problemas en distinguir al empleado del mes si alguno lograba subir la facturación. Todos habían pasado un exigente proceso de selección. Y al entrar en la prensa eran adiestrados para vender.

Disponían de más de 100 líneas de teléfono para convencer a pequeños empresarios de todos los sectores. Tiraban de guías de teléfono, páginas amarillas y hasta de los folletos que anuncian las fiestas patronales de los pueblos. Los investigadores se encontraron decenas de ellos en los registros. En busca de anunciantes, los trabajadores llamaban a Ayuntamientos para hacerse con esas publicaciones locales donde se publicita el pequeño comercio. De bares a restaurantes pasando por panaderías y comercios. Hasta algún club de carretera. Todos cayeron en la tela de araña de la red, que no distinguía entre provincias. De norte a sur, las pymes recibían las supuestas revistas con los mismos contenidos, solo cambiaban los anuncios del centro. Primero fueron trimestrales, luego cada seis meses y al final ya no tenían periodicidad.

Los policías no encontraron ni un solo contrato mercantil en los registros. Los comerciales ofrecían a las empresas “colaboraciones” con revistas sobre cuerpos de policía. Y mantenían la ambigüedad sobre si se trataban de organismos oficiales. Una treintena de páginas web, todas muy rudimentarias, sirvieron para dar cobertura al timo. Pero empezaron a aflorar las denuncias que alertaban del engaño. Una cámara oculta de la televisión pública valenciana puso a la organización bajo el foco en marzo de 2010. En 2012 la policía agilizó sus investigaciones. La red cayó el pasado junio. Esta semana se ha levantado el secreto de sumario.