"Yo la exclusiva se la doy a usted"

Jordi Pujol Ferrusola prestó declaración en calidad de imputado durante cinco horas en la Audiencia Nacional. Cuatro horas fueron para las preguntas del juez Pablo Ruz; y una hora, repartida entre Belén Suárez, teniente fiscal Anticorrupción, Cristobal Martell, abogado del imputado y Albert Carrillo, letrado de su ex esposa, Mercè Gironés.

Hace siete meses, el juez Ruz tomó declaración a María Victoria Álvarez, la examante de Joirdi Pujol Ferrusola.

Hoy, en cierto momento, el juez, según fuentes presentes, preguntó:

-¿Qué opina de María Victoria Álvarez? ¿Por qué ha dicho las cosas que están recogidas en su declaración?

-Yo señoría, la exclusiva se la voy a dar a usted.

Esto lo dijo, según fuentes consultadas, sin sonrisa alguna. Una referencia a la presencia de María Victoria Álvarez en los medios de comunicación.

Jordi Pujol Jr., a continuación, limitó la relación a haber "salido 22 meses" y explicó que efectuar tal o cual viaje no es igual a mantener una "intimidad personal". 

La teniente fiscal Belén Suárez, la número dos de la Fiscalía Anticorrupción, le hizo dos preguntas relacionadas con tráfico de divisas, una transferencia de 112.000 euros de las Islas Caimán, un paraíso fiscal, y la inversión de 7 millones de euros.

El imputado explicó que se trataba de una transferencia bancaria del Banco Bilbao Vizcaya basada en un producto financiero (preferentes), que permitía la optimización fiscal Aclaró, ante preguntas de su letrado Martell que estaba declarado a la hacienda española y que la renta también se había declarado. 

La segunda pregunta estaba referida a tráfico de divisas. Pujol Jr. explicó que la imputación de que posee 32 millones de euros en el extranjero, según el auto del juez del pasado mes de julio, debe entenderse como una inversión de 7 millones de euros que van del BBVA de España a Credit Suisse Luxemburgo y vuelven al BBVA en España, una inversión en productos de la banca. El dinero, aclaró, está declarado en España y tributa en las arcas de Hacienda.

Fuentes consultadas subrayaron que la defensa de Pujol Jr. ha precisado, después del puntilloso interrogatorio del juez, que los negocios de las empresas del hijo mayor del expresident Jordi Pujol con administraciones públicas de Cataluña se realizaron durante la época del gobierno tripartito (Partido de los Socialistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa por Cataluña-Los Verdes) y con ayuntamientos gobernados por el PSC.

Pujol Jr. ha insistido a lo largo de las cuatro horas de respuestas al juez en que todo lo que ha obtenido en el exterior había sido declarado. Analizó operación por operación, factura por factura, a requerimiento del juez, según obtuviera beneficios o pérdidas.

La colección de coches de Jordi Pujol Ferrusola fue objeto de algunos pocos segundos en la declaración. Pujol Jr. explicó que compraba coches antiguos y empleaba varios años en restaurarlos.

 Cristobal Martell salió satifecho de esta declaración. No solo porque nadie pidió la adopción de medidas cautelares. Porque si se verifican todos los datos e informaciones, afirma, creo que "vamos a ganar el caso".

  Denuncia Penal en Andorra

 Mientras, ha trascendido que se ha admitido a trámite la denuncia penal, presentada por los letrados de la familia Pujol, sobre violación del secreto bancario y profesional al filtrarse los datos de las cuentas y movimientos de 3,4 millones de euros de Marta Ferrusola y sus cuatro hijos en la Banca Privada de Andorra, el pasado 7 de julio. 

El juzgado encargado de la instrucción ha citado a prestar declaración a los denunciantes, la familia Pujol, y a ejecutivos del banco.

La defensa del expresident Pujol intenta invalidar la comisión rogatoria enviada por el juez Ruz, argumentando que está contaminada ya que fue cursada, a finales de julio pasado, con posterioridad a la filtración de los citados datos.

 La comisión rogatoria se tramita en un periodo de treinta días, plazo que vence el próximo 1 de octuibre. La defensa de Jordi Pujol Jr. se ha opuesto a la entrega de datos y podrá exponer sus argumentos. La juez Ángels Moreno Aguirre ha puesto un límite a la utilización de la información, que solo podrá usarse para delitos de corrupción que excedan el delito fiscal (evasión) por no ser éste último penalmente castigado en el Principado.