Fabra se enreda con el Estatuto

La reforma del Estatuto de Autonomía valenciano se ha convertido en una pesadilla para el PP que preside Alberto Fabra. Los populares han solicitado, por cuarta vez consecutiva en esta legislatura, al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, que no tramite la reforma que aprobaron las Cortes Valencianas en 2011 y que exige mayores inversiones del Estado.

El problema estriba en que la reforma se aprobó en marzo de 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora que la modificación tiene que pasar el filtro de las Cortes Generales el presidente es Mariano Rajoy que, en pleno conflicto territorial con Cataluña, se niega a abrir un nuevo debate sobre las reformas estatutarias.

La modificación la impulsó a principios de 2011 Francisco Camps, que había hecho del victimismo y el pulso contra el Gobierno socialista de Zapatero el eje central de sus políticas. Presionado por los escándalos del caso Gürtel, el entonces presidente valenciano quiso reivindicarse antes de las elecciones de mayo de ese año e hizo valer la denominada cláusula Camps para impulsar una nueva reforma del Estatuto, que había sido revisado a fondo en 2006.

La iniciativa de Camps y el PP valenciano se tradujo en la inclusión de una disposición adicional por la que se exige al Gobierno central un porcentaje de inversiones equivalente al de la población de la Comunidad Valenciana en el conjunto de España. Un requerimiento idéntico o similar al que tienen en sus estatutos Cataluña y Andalucía y que, aunque no obliga al Estado a cumplir con la exigencia, sirve como elemento de presión. La propuesta de Camps logró un apoyo abrumador. PP, PSPV-PSOE y Compromís votaron a favor y Esquerra Unida se abstuvo. No hubo votos en contra.

Sin embargo, las expectativas de gobierno de Rajoy, primero, y su victoria en las generales de noviembre de 2011, después, han colocado al PP de Fabra, que sustituyó a Camps en julio de 2011, en un escenario indeseable. En abril de 2011, el PP aplazó la tramitación de la reforma estatutaria en el Congreso con el argumento de que las Cortes Valencianas se habían disuelto y los partidos afrontaban la campaña electoral. Un año más tarde, el PP argumentó que no había nombrado a los ponentes para defender en la carrera de San Jerónimo la reforma. En septiembre de 2013, cuando confiaban en convencer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no se opusiese a la reforma, el Gobierno valenciano tuvo que solicitar de urgencia un aplazamiento para que el propio PP no rechazase la reforma del Estatuto valenciano en el Congreso. Y esta misma semana, ha sido el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, quien sin informar a la Mesa y la Junta de Portavoces remitió una carta en la que solicita el cuarto aplazamiento, lo que impedirá la tramitación, previsiblemente, hasta después de las elecciones de 2015.

Conscientes de que las quejas por la infrafinanciación del Estado se han convertido en un clamor en la Comunidad Valenciana, que abanderan los propios empresarios que tradicionalmente han apoyado al PP, Fabra impulsó antes de las vacaciones estivales una nueva comisión parlamentaria para proponer una tercera reforma del Estatuto, consistente en reducir el número de diputados autonómicos.

La oposición advirtió que, si se trataba de hacer un paripé para aplazar nuevamente la tramitación de la reforma de 2011 en el Congreso, abandonaría la comisión de las Cortes. Un plante que se produjo el pasado jueves tras conocer que el presidente de la Cámara, Juan Cotino, que ha tenido que declarar como testigo en los principales casos de corrupción, adoptó la decisión de paralizar la tramitación en el Congreso sin comunicarlo siquiera a la oposición.