El Gobierno reitera la misma oferta de pacto de regeneración 19 meses después

El 20 de febrero de 2013, coincidiendo con el debate sobre el estado de la nación, Mariano Rajoy propuso en el Congreso a los grupos parlamentarios un “amplio acuerdo” sobre regeneración. En su intervención, el presidente del Gobierno prometió hacer suyas las propuestas que surgieran de los partidos e hizo aprobar una resolución en la que se instaba a ese pacto. Ahora, 19 meses después, sin que se hayan producido esas anunciadas reuniones con el resto de formaciones políticas, el Gobierno asegura que buscará en el plazo de dos meses un acuerdo sobre regeneración.

El Ejecutivo pretende iniciar esta semana los contactos con los grupos sobre la base de un documento difundido la semana pasada por La Moncloa. Los precedentes han provocado el escepticismo del PSOE que, además, considera que el Gobierno incluye medidas ya aprobadas, otras en trámite y casi todas ya publicitadas por La Moncloa.

Según un informe interno del PSOE, el documento hecho público la semana pasada por el Ejecutivo es copia de otro aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 20 de septiembre de 2013. Aquel texto, denominado Plan de Regeneración Democrática, contenía, según el Gobierno, “un amplio catálogo de medidas para luchar contra la corrupción y mejorar los mecanismos de respuesta y detección de que dispone el ordenamiento jurídico”.

De ese informe al presentado ahora como propuesta de pacto solo son nuevas la limitación de los aforamientos, el control sobre los indultos, el fortalecimiento de la Iniciativa Legislativa Popular y la reforma de la ley electoral para los ayuntamientos. Incluso, la de los aforamientos fue rechazada expresamente en el Congreso cuando lo pidió UPyD, la de la Iniciativa Legislativa no fue contemplada de inicio cuando se planteó la de los desahucios y la reforma electoral solo ha surgido ahora a pocos meses de las municipales.

“Buena parte de dicho documento se dedica a poner en valor medidas ya aprobadas durante la legislatura (reforma de la Ley de financiación de partidos, ley de transparencia y otras) o ya presentadas como proyectos de ley en el Congreso (Proyecto de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y Proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado)”, asegura la respuesta de los socialistas.

Esas normas fueron enviadas por el Gobierno al Congreso por su cuenta, sin reuniones con los partidos, y están frenadas a la espera de sucesivas ampliaciones de los periodos de presentación de enmiendas. Ahora, el Gobierno pretende desatascarlas en dos meses. Además, algunas de las medidas anunciadas por Rajoy en febrero de 2013 se han ido cayendo en los distintos anuncios del Gobierno sobre regeneración. Por ejemplo, en aquel debate sobre el estado de la nación, el presidente habló de “la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses, los llamados lobbies, con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites”. Esta propuesta estuvo en algunos documentos de La Moncloa, pero ahora ha desaparecido y ya no está incluido en el que se conoció la semana pasada como base para las nuevas conversaciones.

Otro caso llamativo es el de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Rajoy en febrero de 2013 habló de “una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal”. Y el 1 de agosto de 2013 insistió en ello “porque lo verdaderamente eficaz en la lucha contra la corrupción es la agilización de los procedimientos judiciales en los que se enjuicia este tipo de delitos, unido a una especialización por parte de quien deba enjuiciarlos, logrando así que la condena tenga un resultado ejemplificador”. Justicia trabajaba entonces con un informe elaborado por expertos y ahora, cuando ya no hay tiempo para aprobar una nueva ley en esta legislatura, se habla solo de “medidas de agilización de los procesos judiciales en casos de corrupción”.

Algunas medidas como la regulación de los “lobbies” han desaparecido

El documento de hace un año incluía detalles sobre reformas judiciales que ahora se omiten. Por ejemplo, se decía que “el juez podrá decidir la no acumulación de procedimientos para agilizar la instrucción y el enjuiciamiento” y “separar la determinación de la responsabilidad civil de la penal, para no entorpecer el desarrollo de ninguno de los dos procedimientos”. También se hablaba de “racionalizar la regulación de los recursos para evitar su uso con efectos dilatorios del proceso en la fase de investigación” y “recuperación de activos procedentes de los delitos de corrupción”.