El Ejecutivo evita comprometerse con la ley del aborto y no aclara si se aprobará

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó ayer ofrecer una respuesta clara al ser preguntada por la ley del aborto, que sigue sin salir del Consejo de Ministros hacia el Congreso ocho meses después de que se aprobara por primera vez como anteproyecto, el 20 de diciembre de 2013. Aquel día el Consejo fue presidido por ella y no por Mariano Rajoy, quien se encontraba de viaje en Bruselas.

"Este Gobierno aprobó un anteproyecto, lo ha remitido y ha recibido informes de las distintas instituciones. Algunos de ellos plantean cambios, y se están estudiando los informes, en la búsqueda de una posición que pueda suscitar el mayor consenso posible”, señaló la vicepresidenta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de ayer, el primero después de las vacaciones. Pero no aclaró si podía garantizar que en algún momento la ley saldrá del Consejo de Ministros al Congreso o si, por contra, existe la posibilidad de que el Gobierno renuncie a aprobarla en esta legislatura.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, principal defensor en público de la ley, aunque se trata de una norma que ha tenido mucho debate interno, que resolvió finalmente Mariano Rajoy, prometió en su último compromiso de calendario que el proyecto definitivo saldría del Consejo de Ministros “antes de que termine el verano”, que acaba el 21 de septiembre. La fecha se acerca, la ley no sale y miembros del Gobierno y del PP consultados contemplan ya la posibilidad de que no salga nunca. Es una decisión que tomará Rajoy, único con capacidad de impulsar una norma de este calado o dejarla morir si así lo estima oportuno. Varios de los ministros consultados creen que, dada la enorme polémica que provoca, sería mejor que no saliera.

Lo único que falta para aprobar la ley es la decisión política de sacarla adelante o elegir el momento adecuado, ya que las cuestiones técnicas han sido resueltas. Los informes de los que habla la vicepresidenta (el del Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo Fiscal) han sido estudiados con detalle y la norma está lista desde julio, el mes en el que Ruiz-Gallardón quería aprobarla para poder poner en marcha los trámites parlamentarios y tenerla lista antes de Navidades, según fuentes del Gobierno que han seguido de cerca el desarrollo del anteproyecto.

Gallardón aseguró que sería

Después, la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de mayo haría muy complicada su aprobación porque los barones autonómicos ya dejaron claro en enero que esta ley perjudica sus expectativas electorales.

De hecho, la norma se quedó parada hasta después de las elecciones europeas y ahora varios miembros del Gobierno y de la cúpula del PP ven muy probable que de nuevo se deje dormir. Temen que entorpezca un arranque de año político que el Ejecutivo quiere concentrar en sus propuestas de regeneración democrática y la recuperación económica. Cada día que pasa, más complicada es su aprobación, pues se va acercando el año electoral de 2015.

Algunos ministros más conservadores, como Jorge Fernández Díaz, sí confían en que la norma salga adelante. La tensión interna en el PP se resolvió con el compromiso de suavizarla algo, pero distintos dirigentes admiten que es tan polémica que pase lo que pase tendrá un coste. Dejarla morir también, porque molestaría al sector más conservador. “Hay que optar por el mal menor, no hay ninguna solución buena”, resume uno de ellos. La decisión última es de Rajoy, que ha tenido todo el verano para pensar qué hacer con este espinoso asunto. En cualquier caso, si la ley no sale antes del 21 de septiembre, el coste para Gallardón puede ser importante, porque quedará desautorizado en una norma clave.