Los aforados son para el Supremo

Los magistrados Ángel Calderón (izquierda) y Juan Saavedra.

 La juez Mercedes Alaya ha elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su exposición razonada sobre el grave escándalo de corrupción en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) concedidos por la Junta de Andalucía durante la gestión del PSOE. La juez acompaña su escrito con una parte del sumario, la referida a personas que gozan de fuero parlamentario, entre ellos los dos ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En total el número de imputados en esta investigación, que ya dura tres años y medio, asciende a 9 aforados (aparte de Chaves y Griñán están los ex consejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías (diputados a Cortes) y Mar Moreno (senadora), a los que se añaden Antonio Ávila, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo (diputados en el Parlamento Autonómico) y otras 192 personas.

El presidente de la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo hasta el 15 de agosto es el actual presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra. Tras recibir la exposición, la mencionada Sala dará cuenta en una providencia del material enviado por la juez Alaya y lo pasará a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que informe sobre el asunto.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que dicho informe no se producirá hasta entrado el mes de septiembre.

La juez Alaya tenía intención de inhibirse a través de un auto, sin más, y enviar toda la causa, referida a aforados y no aforados, al Tribunal Supremo.

En una gestión extraoficial realizada ante la Sala de Gobierno del Supremo hace ahora tres semanas, la juez pudo confirmar que no podía inhibirse técnicamente hablando ya que el ordenamiento judicial prevé que cuando aparecen personas aforadas el juzgado que investiga eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que se deben concretar los indicios racionales de criminalidad contra esas personas y la necesidad de profundizar la investigación.

La intención de inhibirse se basaba en que para la juez Alaya la causa no se puede dividir o escindir.

A raíz de la citada consulta, la juez Alaya trabajó a contrarreloj y durante estas tres semanas ha elaborado la exposición razonada. En ella, a pesar de cumplir lo que se le pedía, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla insiste, según fuentes jurídicas, en que es muy difícil dividir la causa y que sería más adecuado que el Tribunal Supremo asuma toda la investigación.

Fuentes judiciales señalan que es prácticamente imposible que la Sala Segunda vaya a instruir una causa que ya cuenta con 201 imputados y que el criterio clásico consiste en apreciar los indicios criminales de racionalidad contra las personas aforadas (9) y, de ser confirmados, seguir la investgación contra ellas en el Supremo, dejando el grueso de la investigación en manos de la juez.

La Sala de Vacaciones, según las fuentes jurídicas, no procederá a nombrar un instructor de la causa hasta que se reciba el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, un paso que no se espera hasta el mes de septiembre. 

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, deja de presidir la Sala de Vacaciones el 15 de agosto para tomar su propio descanso anual. Le sucederá el magistrado Ángel Calderón. Se da la circunstancia, además, de que Juan Saavedra se jubila el próximo 11 de septiembre.

Fuentes jurídicas señalan que la juez Alaya tenía que saber, antes de hacer su gestión extraoficial, hace tres semanas, que el Supremo no podía aceptar la inhibición y que el trámite debía ser el que acaba de concretar a través de la exposición razonada.

"Quizá le haya interesado a la juez Alaya que el Tribunal Supremo, al quedarse en su momento con la investigación de los aforados, insista en que debe ser ella quien continúe con el resto de la investigación. En otras palabras, es una manera de obtener el aval del propio Supremo para seguir adelante con su instrucción", dijo una fuente consultada.