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Toxo y Méndez llevan al CGPJ su inquietud por los procesos a sindicalistas

Los sindicatos ven "desproporcionadas" las actuaciones penales contra huelguistas

Concentración CC OO y UGT en Madrid el pasado día 1 de julio en protesta por las condenas y juicios a 260 sindicalistas en toda España. Ampliar foto
Concentración CC OO y UGT en Madrid el pasado día 1 de julio en protesta por las condenas y juicios a 260 sindicalistas en toda España.

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han manifestado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, su inquietud por "las actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas" contra sindicalistas y trabajadores.

Según han informado los sindicatos, Toxo y Méndez han hecho entrega a Lesmes de un informe sobre la situación de los procedimientos judiciales en marcha contra responsables sindicales y trabajadores por el ejercicio del derecho de huelga, algunos de los cuales ya están resueltos con sentencias judiciales.

Los sindicatos han contabilizado la apertura de 81 procedimientos penales y administrativos en toda España que afectan a 260 afiliados. De forma agregada, según los cálculos de los sindicatos, los fiscales piden 120 años de cárcel en causas contra huelguistas.

También han llevado al CGPJ un estudio sobre la necesidad de reformar el artículo 315.3 del Código Penal, que establece penas de prisión de hasta tres años para quienes "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".

Ambos dirigentes han expresado su preocupación por el posible cambio de criterio en la Fiscalía del Estado en los dos últimos años tendente a reclamar las penas máximas en estos casos.

"Este tipo de decisiones podrían provocar un retraimiento en el ejercicio del derecho a huelga. Es decir, que las personas, atenazadas por el miedo, no ejercieran un derecho fundamental y constitucional", ha asegurado Méndez.

Por su parte, Toxo ha hecho un llamamiento al Gobierno para que acepte con prontitud las peticiones de indulto y que "ninguna persona entre en prisión por el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga".