Ayer y hoy

“No somos republicanos. Siempre hemos sido accidentalistas [porque] la forma del Estado no es lo más importante para el socialismo democrático, sino que podamos desarrollar nuestras políticas”, declaró hace dos días Felipe González a una emisora colombiana. Esa posición pragmática, que ayer encarnó, en un discurso de altura, Pérez Rubalcaba, el líder socialista a punto de dejar de serlo, ya fue la de socialistas y comunistas en el debate constituyente.

Jordi Solé Tura, entonces diputado del PCE (luego lo sería del PSOE) fue tan directo como solía: “Querer la República en este momento, en este país y en esta Constitución significa [querer] derrocar la Monarquía”, con todas sus consecuencias, incluyendo hacer imposible la incorporación a la causa democrática de sectores necesarios para su avance y que “lo están haciendo a través precisamente de la institución monárquica”. Y significa sustituir la “línea divisoria entre partidarios y enemigos de la democracia” por la más artificial que separa a republicanos y monárquicos.

Rubalcaba invocó el discurso del diputado Luis Gómez Llorente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el 11 de mayo de 1978, en defensa del voto particular del PSOE proponiendo la supresión del artículo 1.3, que establece la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Es un texto dialéctico que avanza desde la afirmación de los principios a la duda metódica sobre sus consecuencias. Los socialistas, leyó Gómez Llorente, mantienen su voto particular, pese a saber que tiene pocas posibilidades de prosperar, por coherencia con sus principios, pero recuerdan que en su programa fundacional no figuraba ese objetivo por considerarlo “secundario” y de intensidad “matizada” en función de cada “circunstancia histórica”; y que fue este factor histórico lo que llevó a considerarlo esencial a comienzos de los años treinta, cuando la dictadura de Primo de Rivera había evidenciado que no podía haber democracia sin acabar con la Monarquía.

Enumera luego las ventajas teóricas de la forma republicana del Estado, incluyendo la limitación de tiempo frente a una magistratura vitalicia, pero ello no lleva al PSOE a situar como objetivo central actual el cambio de la forma del Estado, porque alberga “razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia”, de forma que la Monarquía se imbrique como pieza de una Constitución que sea susceptible de un uso alternativo por Gobiernos de derecha o de izquierda”. Y asume el compromiso de acatar lo que se vote, sin cuestionar por este asunto el conjunto de la Constitución. Y termina así: “En su día el pueblo se pronunciará sobre ella y nosotros no haremos obstrucción, sino que facilitaremos el máximo consenso”.

El mejor argumento de Rubalcaba fue ayer que si la abdicación se hubiera producido con Gobierno socialista, su presidente habría presentado una ley orgánica como esta, y pedido a la oposición que la votara, y que él actuaba en consecuencia.